Las dos cajas rurales asturianas (la de Asturias y la de Gijón) podrán seguir siendo cooperativas de crédito, según el diseño regulatorio en el que trabaja el Ministerio de Economía para la modernización y actualización de este subsector financiero.
Aunque el Gobierno lleva con discreción la redacción de la nueva normativa, de los contactos habidos en medios políticos y también del sector, y a juzgar asimismo por algunas filtraciones y comentarios que han trascendido, se desprende que, salvo cambios, se ha aparcado el propósito inicial, que se había atribuido al Banco de España, de dirigir a las cajas rurales hacia su transformación en bancos, una mutación análoga o parecida a la que ya han protagonizado las cajas de ahorros (salvo dos de ámbito local) que sobrevivieron a la crisis financiera.
El Ministerio está trabajando en un borrador para la elaboración de un anteproyecto sobre cooperativas de crédito que permitirá a estas entidades preservar su actual personalidad jurídica, que también está presente en otros países europeos, caso de Alemania, Francia y Holanda, entre otros, y con una implantación en estos mercados muy superior a la que las cooperativas tienen en el sector financiero español, del que representan el 5%.
Las cooperativas financieras se movilizaron meses atrás, y con gran inquietud, ante la perspectiva de que se las forzase a una concentración mediante figuras análogas a los sistemas integrales de protección (SIP) que sirvieron de paso previo a la fusión y bancarización de los negocios crediticios de las cajas de ahorros.
En un esbozo inicial, que se conoció en abril, Economía pretendía que las cooperativas, si bien se les reconocía su fortaleza y solvencia, se encaminasen bien hacia la bancarización (que les permitiría ampliar capital e incluso salir a Bolsa en caso de que precisaran reforzarse en el futuro) o hacia el agrupamiento de entidades con el propósito de que dispusieran de mayor volumen y recursos para que, en caso de insolvencia de alguna de ellas, el resto pudiera acudir en su auxilio.
Las cajas rurales están actualmente asociadas fundamentalmente en dos grandes grupos, cada uno con distintas características y grados de vinculación internos. El grupo en el que está Caja Rural de Asturias (que preside José María Quirós) y Caja Rural de Gijón (que lidera Jesús Fuentes Villa) mantiene la independencia de cada entidad aunque las cajas partícipes son titulares de sociedades filiales comunes (seguros, capital-riesgo y otras) que les prestan servicios mancomunados, comparten marca e imagen corporativa y son accionistas de un banco que opera no como cabecera sino como prestatario de diversas funciones financieras.
La idea que baraja ahora el Gobierno es imponer fusiones a cooperativas de crédito cuyo tamaño no alcance los 5.000 millones de recursos propios (capital más reservas), pero las dos cajas rurales asturianas superan esa magnitud. El Ejecutivo pretende suprimir el actual criterio de un socio igual a un voto, de forma que cada cooperativista tiene hoy el mismo peso decisorio cualquiera que sea el monto de su inversión. Para evitar que las cooperativas deriven en sociedades capitalistas (en las que el voto es proporcional al dinero invertido), lo que supondría pervertir el modelo cooperativo, el Ministerio está dispuesto a consentir que los estatutos de cada sociedad puedan establecer límites a los derechos políticos de los partícipes a partir de determinado porcentaje.
