Coca-Cola Iberian Partners, la sociedad española envasadora de los refrescos de la multinacional estadounidense Coca-Cola para España, Portugal y Andorra, deberá readmitir en plantilla a 821 trabajadores en ejecución del fallo de la Audiencia Nacional que el pasado 12 de junio anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado por la empresa y que supuso la paralización de cuatro de sus once fábricas españolas (entre ellas, la de Colloto, en Siero) y que afectó a 1.190 de sus casi 5.000 trabajadores en España.
Según un auto dictado ayer por la Audiencia Nacional, Coca-Cola Iberian Partners deberá reincorporar a sus puestos de trabajo y, en caso contrario, pagar el salario aunque no trabajen a los 821 trabajadores (del total de 1.190 afectados) que reclamaron la ejecución de la sentencia que anuló el ERE. En Asturias la solicitud la hicieron 26 de los 62 afectados. El resto (en su mayoría, los que aceptaron traslados a otras regiones) esperarán a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la validez o nulidad del ERE una vez que la empresa recurrió en casación el fallo de la Audiencia Nacional que lo anuló el 12 de junio.
El auto de ayer, que acepta la petición de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF para que la empresa cumpla y ejecute la nulidad del ERE mientras el Supremo no se pronuncie sobre el recurso de la compañía, entraña un nuevo revés para el envasador y licenciatario español de la multinacional estadounidense de refrescos.
Ahora dispone de cinco días hábiles para comunicar si reincorpora a sus funciones laborales a los 821 trabajadores o si opta por readmitirlos en nómina sin darles destino. La vuelta al trabajo es imposible en algunos casos, dado que, como ocurrió en la factoría de Colloto, la empresa optó por desmantelar algunas máquinas y elementos clave en el proceso de elaboración y envasado.
Además, Coca-Cola Iberian Partners debe hacer frente al pago de los salarios devengados desde el 12 de junio, que fue cuando el ERE fue anulado por la Audiencia Nacional. La compañía debe ponerse al día en los salarios y cotizaciones sociales de los trabajadores prejubilados, de los que se acogieron a bajas voluntarias y de los despedidos. Estos últimos pertenecen fundamentalmente a la planta de Fuenlabrada, en Madrid, quienes se negaron a negociar una salida pactada.
La empresa deberá pagar esos débitos aplicando sobre los importes el interés legal del dinero (4%), que se calculará sobre la demora en la que se incurrió entre el 19 de octubre y el día de ayer para los salarios devengados entre junio y septiembre. Para el salario de octubre el interés legal se aplicará por la demora entre el 1 de noviembre y el día de ayer.
La empresa, que deberá seguir afrontando el salario futuro de los 821 trabajadores hasta que se pronuncie el Supremo, dispone ahora de un mes para calcular el importe de las deudas contraídas con cada trabajador y estos dispondrán de otro mes para recurrir si consideran que la liquidación de atrasos es incorrecta.
Aunque los trabajadores que causaron baja en Coca-Cola mediante prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos deberán reintegrar al Servicio Público de Empleo las prestaciones percibidas de la cobertura del paro desde el 12 de junio, los pagos que deberán recibir de la empresa son superiores y a ello se suma las cotizaciones sociales de los últimos meses y de los futuros.
La compañía destacó que el auto no le obliga a reabrir las fábricas cerradas y tampoco a la reincorporación efectiva en sus puestos a los reclamantes que, en todo caso, se haría en puestos que haya disponibles en las factorías abiertas. Los sindicatos expresaron su satisfacción por el auto, y varios representantes sindicales manifestaron que "el lío para las recolocaciones, cálculos de haberes y devolución de indemnizaciones percibidas por los trabajadores no tiene precedente".
La compañía siguió aplicando el ERE incluso después de haber sido anulado por la Audiencia Nacional. En el último mes la empresa dio de baja a cuatro trabajadores más en la planta de Colloto. Los sindicatos también mostraron su extrañeza porque el Estado haya seguido pagando el desempleo a los extrabajadores de Coca-Cola una vez que la Audiencia Nacional anuló el ERE.
Los cierres fabriles y ajustes de empleo derivaron del plan de fusión de los siete embotelladores existentes en España (caso de Asturbega) y que eran titulares de once fábricas. La matriz de Coca-Cola en EEUU impuso la fusión de todos ellos en una sola sociedad, aunque se presentó como una iniciativa de los embotelladores españoles. A partir de este enfoque se encadenaron los problemas. La multinacional, y no el embotellador español, fue quien lideró la defensa del ERE.
