La fiscalía mantuvo ayer, en sus conclusiones definitivas, la petición de tres años de prisión para el expresidente de la patronal asturiana y de la Cámara de Comercio de Oviedo Severino García Vigón y para dos de sus tres hijos, Miguel y Pablo, por la supuesta comisión de tres delitos fiscales, con el atenuante de reparación de daños, en la liquidación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 2009, 2010 y 2011 en su empresa Enastur, ahora en liquidación. La acusación pública también reclamó multas de 569.879 euros para cada uno de los procesados y de 789.551 euros a Enastur y que los cuatro procesados (tres personas físicas y una jurídica) indemnicen de forma solidaria a la Hacienda Pública con otros 569.879 euros.

El abogado del Estado, que ejerce la acusación particular, también mantuvo la petición de 3 años (uno por cada supuesto delito) para García Vigón en calidad de autor de los tres incumplimientos tributarios, pero modificó a la baja la pena solicitada para sus hijos, para cada uno de los cuales reclamó dos años de prisión: 6 meses como supuestos colaboradores necesarios en el fraude tributario de 2009, otros 6 meses por el mismo motivo en 2010 y un año como coautores del impago en 2011. La Abogacía del Estado también solicitó multas.

La defensa de Severino García Vigón reconoció los hechos atribuidos y exoneró a los hijos de toda responsabilidad y conocimiento de los hechos. El letrado pidió para García Vigón una rebaja de pena de 3 años a 18 meses (seis meses por cada delito) y reducción al 50% de la sanción que reclama la fiscalía por haber satisfecho el principal de la deuda tributaria antes de dos meses, lo que permitiría rebajar entre uno y dos grados la pena, según la Ley Orgánica 7/2012, y, en su caso, por la concurrencia de un atenuante cualificado (reconocimiento de los daños) y otro ordinario por reconocimiento de la autoría. En caso de ser condenado a una pena no superior a dos años como propone su defensa, ésta solicitó la suspensión de su cumplimiento en prisión por ausencia de peligrosidad criminal, no tener otros procedimientos pendientes, carecer de antecedentes, tener 73 años y ser persona de prestigio social.

El abogado de los hijos de García Vigón reclamó la libre absolución de ambos por no haber sido, dijo, autores ni colaboradores en el impago del IVA y tampoco sabedores de esta práctica hasta que asumieron la gestión de Enastur en 2012, momento a partir del cual habrían dirigido toda su actuación, junto con su padre, a solventar la deuda.

El fiscal consideró "inasumible para la moral pública" la alegación de que se vulneró el pago tributario para sostener la empresa y los empleos ante la falta de liquidez de la sociedad e invocó el interés colectivo y el principio de justicia e igualdad, que obliga a tributar para sufragar los servicios públicos. Juzgó "falaz" el argumento del estado de necesidad y tildó de "comedia" y "estrategia defensiva" que el progenitor eximiera a sus hijos. "Los tres eran factotum de la empresa", dijo.

El abogado del Estado, que achacó "dolo" y "artificios contables" para "ocultar la deuda tributaria", atenuó la responsabilidad de los hijos de coautores a colaboradores necesarios en 2009 y 2010 a la vista de los cargos que figuran en las inscripciones en el registro mercantil, y mantuvo la coautoría de los tres en 2011.

Las defensas alegaron los atenuantes de reconocimiento de los hechos, cuyo móvil no fue el lucro sino el intento de salvar la empresa, y de cuya decisión los hijos habrían sido desconocedores hasta 2012. Argumentaron la colaboración con la Justicia, el pago de la deuda (para cubrir sus intereses han sido embargados sus bienes), negaron que hubiese contradicciones (aunque por "amor filial" algún hijo hubiese intentado en un primer momento eximir a su padre) y dijeron que el fiscal usó datos indiciarios y no pruebas contra los hijos y que las acusaciones renunciaron a practicar periciales para aclararlos.