Nuevo varapalo judicial a la regulación de empleo de Coca-Cola. La Audiencia Nacional considera "irregular" las formas en que la sociedad embotelladora Coca-Cola Iberian Partners cumplió una sentencia anterior que obligaba a readmitir a los despedidos, 27 de ellos pertenecientes a la fábrica que la multinacional cerró en Asturias. La dirección ordenó a los trabajadores incorporarse a plantas de otras regiones, decisión que la mayoría rechazó. El tribunal anula ahora aquella orden, obliga a restituir a los empleados su salario y les exime de trabajar hasta que el Supremo se pronuncie de forma definitiva sobre el despido colectivo, algo que puede llevar meses.
Sobre lo que no se pronuncia el magistrado es sobre la posibilidad de reabrir las cuatro plantas que la compañía cerró en España, una de ellas la de Colloto (Siero).
Este nuevo auto también afecta a los trabajadores que aceptaron incorporarse a otra fábrica del grupo, siete de ellos asturianos que, en su mayoría, pusieron rumbo a Bilbao. El juez tacha de irregular la readmisión en centros de trabajo que impliquen un cambio de residencia.
Los antiguos empleados de Colloto celebraron la decisión. "Había muchos que ya estaban empezando a pasar por dificultades económicas después de tres meses sin cobrar ni del paro ni de la empresa", señaló Israel García, portavoz del antiguo comité de empresa. Aunque lamentó que la decisión de cerrar la factoría sierense sea irreversible.
La multinacional, a través de un comunicado, aseguró que acataba el auto y que restituirá los salarios como le pide el juez. E incluso aseguró que valoraba positivamente que el "la Audiencia Nacional haya encontrado una solución temporal para os trabajadores hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie".
La decisión de la Audiencia Nacional llega después de que este mismo organismo anulara hace unas semanas el expediente de regulación de empleo, obligando a Coca-Cola a readmitir a los despedidos. Una vez conocida esta sentencia, el gigante de los refrescos citó a los trabajadores afectados en la región a incorporarse a otras fábricas del grupo y les comunicó que no presentarse a sus nuevos destinos "implicaría una pérdida definitiva de sus salarios durante la tramitación del recurso interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional del 12 de junio". Los sindicatos presentaron una reclamación para tratar de que los empleados recuperaran sus nóminas, y ayer la Audiencia volvió a darles la razón.
