Los 315.509 millones de euros del endeudamiento público griego pesan tanto como el equivalente al 176% del producto interior bruto (PIB), una proporción en apariencia imposible de pagar para una economía que ha perdido el 25% de su tamaño desde 2008 y que, tras cinco años de profundos recortes y reformas, no ha conseguido más fruto macroeconómico que un escuálido crecimiento que se estima en el 0,6% en 2014, un paro superior al 26% y una aproximación al equilibrio primario de las cuentas del Estado (antes de gastos financieros) a base de inducir un empobrecimiento de la ciudadanía (el 35% de los griegos está en riesgo de exclusión social, según la UE) que ha expulsado a los partidos tradicionales del gobierno y cimentado el triunfo de Syriza y el florecimiento de organizaciones antieuropeas, xenófobas y neonazis.
El nuevo presidente Alexis Tsipras quiere empezar a utilizar el capital político reunido el pasado domingo negociando una reestructuración de la deuda, quita incluida. Sin ello y sobre todo sin crecimiento económico raramente podrá el líder heleno satisfacer siquiera alguna de sus promesas electorales (luz gratis para 300.000 familias sin recursos, subsidios, subidas de pensiones, estímulos públicos para crear empleo...). Aunque otros números dicen que la carga financiera del presupuesto griego es menos fiera de lo que puede dar a entender la dimensión total del endeudamiento: según estimaciones de economistas, el servicio anual de la deuda (pago de intereses, principalmente) equivale al 4,3% del PIB, siete décimas menos que en el caso de Portugal (5%) y un punto más que en España (3,3%).
Syriza se va a encontrar ante sus acreedores principales -los demás países de la zona euro y las instituciones que forman la Troika (BCE, FMI y Comisión Europea)- con una primera réplica que ya ha verbalizado el ministro español de Economía, Luis de Guindos: el resto de los europeos han sido "muy solidarios" con Grecia y las condiciones de la deuda se han modificado hasta en cuatro ocasiones, alargando plazos y reduciendo intereses.
Fruto de esos anteriores procesos de negociación la carga de los gastos financieros anuales descendió del inabordable 7% que se superó en 2011 al citado 4% actual. Al mismo tiempo, los sucesivos programas de asistencia que ha recibido Grecia han convertido a los demás Estados del euro, y con ello a sus contribuyentes, en los grandes acreedores de Atenas. Por distintas vías (préstamos y garantías), los países han aportado 245.000 millones de euros y reemplazado a los bancos extranjeros (sobre todo a franceses y alemanes) como los prestatarios más expuestos al riesgo de impago. Ese intercambio de papeles se produjo como consecuencia de la dinámica los rescates (Grecia quedó prácticamente fuera de los mercados y pasó a financiarse con los mecanismos de auxilio) y se aceleró tras la reestructuración de la deuda griega de 2012. Aquel proceso incluyó una quita para los inversores privados y por tanto pérdidas para la banca, si bien los analistas más críticos con el proceso, pegados a la izquierda política, tienen la convicción de que tales acreedores apenas dejaron pelleja, de que se produjo un auténtico proceso de socialización de las pérdidas sufridas por quienes habían asumido riesgos especulando con deuda griega.
Sea o no exacta esa versión, aquel proceso de 2012 dejó otra evidencia: la quita redujo instantáneamente el peso de la deuda griega, pero sólo fue un espejismo. Las condiciones (recortes y reformas) de la Troika deprimieron más la economía, la deuda se agigantó y Syriza también.
