La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció prácticas oligopolísticas de la industria láctea en la imposición del precio de la leche y otras condiciones a los ganaderos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de darle la razón. Pero UPA se declaró "decepcionada" porque "el gran manipulador del precio de la leche -la gran distribución- no haya sido sancionada".
La industria láctea mantiene silencio tras la severidad de la multa (88,2 millones, la cuarta más elevada de la historia) impuesta a nueve industrias lecheras y a dos asociaciones sectoriales. Las asociaciones patronales sectoriales tampoco hacen comentarios. Todo se fía ahora a lo que digan los tribunales. Capsa, Clas, Danone, Nestlé y otros grupos castigados anunciaron recursos ante la Audiencia Nacional.
El mutismo de la industria apenas oculta la enorme consternación que ha generado la sanción por su elevada cuantía y el impacto que pueda tener para la viabilidad de algunas de las empresas expedientadas. Y a ello se suma la enorme preocupación por una decisión que extremará las durísimas condiciones de supervivencia en las que se desenvuelve la industria láctea española, atenazada entre dos fuerzas antagónicas: la posición de dominio y la enorme presión de los canales de venta (las grandes cadenas de hipermercados, supermercados y tiendas de descuento), con exigencias crecientes de precios a la baja, por un lado, y, por el otro, un sector ganadero, el más débil de la cadena, y que ahora acaba de conseguir el respaldo del regulador para evitar pactos entre fabricantes que permitan a la industria transmitir de forma concertada al campesino las bajadas de precios que impone el mercado.
El sector lácteo se fundamentó hasta los años 70 en el poder de mercado de la industria. Eran las fábricas transformadoras las que determinaban de forma decisiva la remuneración del ganadero y el precio de venta del detallista. Ambos eran colectivos muy atomizados. Central Lechera Asturiana (Clas) surgió en 1967 como un movimiento de ganaderos decididos a convertirse en industriales transformadores de su propia materia prima para determinar su propia renta, liberándose así de los designios de la gran industria.
La irrupción de los grandes hipermercados franceses y luego también españoles, la reformulación modernizadora de los supermercados, la llegada de las tiendas de descuento duro (en origen, alemanas), la aparición de un modelo español inspirado en el estadounidense de Wal-Mart y la danza de fusiones entre grandes operadores fueron configurando un escenario en el que el poder de mercado pasó de la todavía atomizada industria láctea (como en general, toda la alimentaria) a las pujantes cadenas comerciales.
La industria, acostumbrada hasta los 70 a negociar con multitud de detallistas dispersos (colmados, tiendas mixtas y pequeñas cadenas de supermercados), pasó a tener como interlocutores a grupos de distribución muy poderosos, con una enorme capacidad de compra y, por ello, con una determinante capacidad para imponer las condiciones.
"Una sola cadena comercial representa el 20% de las ventas de CAPSA pero CAPSA sólo supone el 0,5% de las suyas", declaró en 2010 el entonces consejero delegado de la compañía láctea asturiana, Pedro Astals, hoy presidente de la patronal de la industria alimentaria española.
Las grandes cadenas comerciales imponen precios a la industria y les exigen múltiples y recurrentes desembolsos a fondo perdido. Para poder vender en una gran o mediana superficie las empresas que quieran estar en el mercado tienen que pagar a la cadena, también deben hacer desembolsos para que sus productos estén bien situados y en lugares visibles, y deben contribuir con aportaciones a las campañas de descuentos, ventas especiales y promociones de aniversario.
A ello se suma una fortísima presión sobre los precios y los márgenes. Las cadenas han desarrollado sus propias enseñas de distribuidor (MDD o "marcas blancas"), con precios bajos, y que a veces fabrican las industrias convencionales y en otras, empresas especializadas. Las marcas del distribuidor representan hoy más del 60% de las ventas de productos lácteos en España. Las enseñas de los fabricantes se reparten sólo el 40% restante.
El sector lácteo asegura que con precios en las tiendas a 60 céntimos por litro, e incluso a 50 y menos, no salen las cuentas y que es imposible remunerar a ganaderos, transportistas, industrias, trabajadores y el margen de las tiendas. Las empresas españolas (Capsa, Pascual y otras) son mucho más vulnerables a esta fortísima competencia y estrechamiento de márgenes porque su volumen de ventas tiene una dependencia de la leche líquida (el producto lácteo con menor valor añadido) mucho mayor que la de sus competidores europeos.
Los ganaderos y las industrias también se quejan (aunque sólo lo explicitan los primeros) de que las cadenas usen la leche como producto reclamo, bien haciendo ofertas a la baja muy agresivas o regalándola (el coste lo asume casi siempre la industria) por la compra de productos no lácteos.
Todo ello ha llevado a una banalización de la leche pese a tratarse de un bien básico en la alimentación. Pero en ello la gran distribución no es sólo actora. También actúa como cadena de transmisión de las decisiones de los consumidores. Y éstos, ya en los quince años del gran crecimiento español, optaron por la cultura del "low cost" (la exigencia de precios bajos), lo que se agudizó desde 2008 con la caída de rentas a causa de la crisis. Convertido casi en una "commoditie" (producto indiferenciado en el que el primer factor de venta es el precio), la leche se mueve en márgenes estrechos a la vez que cae su consumo.
A estas implacables fuerzas del mercado nacional se suma el contexto internacional. España, con fuerte implantación de operadores y comercializadores europeos, es un destino habitual de los excedentes de la UE, bien como leche importada para la industria o como producto elaborado que se vende a bajo precio.
Todo esto presiona a una industria con rentabilidades bajas y márgenes muy ajustados. Ahora la sanción de la CNMC será mucho más gravosa para las marcas españolas que para las de las multinacionales también sancionadas porque éstas cuentan con el respaldo financiero de sus poderosas sociedades matrices.
