La información que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reunió sobre UGT-Asturias ha puesto a la Fiscalía sobre la pista de prácticas presuntamente irregulares en el manejo de las subvenciones públicas recibidas por el sindicato durante los últimos años. Una de las líneas de investigación en marcha trata de confirmar si, como sospecha el instituto armado, la UGT pudo incurrir en un desvío sistemático e irregular de ayudas que habían sido concedidas para programas de formación de parados, atención a jóvenes e inmigrantes o prevención de riesgos laborales.

El secretario general de UGT en la región, Justo Rodríguez Braga, manifestó anteayer que su equipo no tiene conocimiento de cuál es la dirección que siguen las indagaciones del fiscal Gabriel Bernal, encargado de una investigación que el propio ministerio público considera muy preliminar. La base es un informe elaborado por la UCO desde 2014 a partir de documentación y testimonios. Según los datos que conoció este diario, el foco está puesto sobre una presunta práctica consistente en la utilización de una parte relevante de las subvenciones consideradas finalistas (esto es, para actividades muy concretas) a costear gastos de estructura del sindicato: nóminas de trabajadores sin relación con la actividad subvencionada, retribuciones de sindicalistas o facturas de mantenimiento.

La normativa sobre subvenciones faculta a los adjudicatarios a cargar un determinado nivel de los llamados "costes indirectos", aquellos que no están directamente relacionados con la ejecución del programa que se financia pero que se consideran necesarios para su gestión y administración. La investigación de la Guardia Civil repara en que la UGT-Asturias pudo saltarse tales límites y convertir el dinero de las subvenciones finalistas en una vía anómala para sostener su estructura.

La documentación que reunió la UCO y que está en poder del fiscal incluye la relativa a un asunto que trascendió a raíz de una demanda laboral de una trabajadora de UGT-Asturias que se ocupaba de un programa de atención a inmigrantes subvencionado por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado con más de 500.000 euros entre los años 2008 y 2013.

Durante de ese pleito se supo que la Unión Regional de UGT había utilizado parte del dinero para costear las nóminas de personas totalmente ajenas al citado programa, incluidos varios cargos de confianza de la dirección, como la secretaria personal de Justo Rodríguez Braga, una economista que asesora a la comisión ejecutiva y otros.

La Guardia Civil ha buceado también en varias sociedades limitadas que son propiedad del sindicato en Asturias o están relacionadas con él. La investigación intenta determinar si se inflaron facturas de esas compañías, contratadas por UGT para suministros de material y servicios destinados a programas subvencionados por distintas administraciones y en particular por el Principado. Es una práctica que anteriores investigaciones de la UCO atribuyen a UGT en Andalucía.

Según los registros empresariales consultados, la principal de las sociedades que posee UGT es Edicom (Ediciones y Comunicación, S. L.), dedicada a la elaboración de revistas, guías y otros materiales y, también, a la prestación de servicios como gabinete de comunicación. Dirigida por Carmen Caballero, miembro de la comisión ejecutiva y exconcejala del PSOE en Oviedo, Edicom movió entre 2008 y 2013 una cifra de negocios cercana a cinco millones de euros. Parte de esos ingresos fueron facturados a la UGT por la elaboración de materiales para programas subvencinados. Edicom también se hizo con varios contratos del Principado para actuar como gabinete de comunicación. Estas adjudicaciones provocaron una acusación del PP en 2009 por trato de favor a Edicom. UGT demandó a miembros del PP por delito contra el honor. La querella fue archivada, pero un perito judicial que intervino en el pleito dictaminó que no había irregularidades en el funcionamiento de Edicom.

Otra de las sociedades propiedad de UGT-Asturias es Infastur, cuyo objeto social es desde 2001 el alquiler de equipos informáticos. En el año 2009 y con un único empleado facturó unos 169.000 euros y declaró unos beneficios de 118.620 euros, lo que equivale a una rentabilidad del 70% sobre la cifra de negocio.

UGT ha destacado que todas sus facturas y justificaciones de gastos han pasado los filtros de la distintas administraciones que le concedieron subvenciones. También ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con la Fiscalía de Asturias en la investigación que ya se ha puesto en marcha.