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El IBI subió más del 20% en los grandes concejos para salvar las arcas locales

Oviedo y Avilés son los municipios con mayor aumento de la presión del impuesto

El IBI subió más del 20% en los grandes concejos para salvar las arcas locales

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de naturaleza urbana se ha convertido durante la crisis en una especie de salvavidas financiero para los ayuntamientos de España, donde la carga de este tributo ha aumentado casi el 18% en tres años. En Asturias, ese aumento de la presión fiscal sobre las personas o empresas propietarias de viviendas, garajes, locales, naves u otras edificaciones ha superado el promedio nacional en casi todos los concejos de mayor tamaño.

Según una información reciente de la Dirección General del Catastro, la factura agregada del IBI urbano ascendió en Asturias 246,4 millones de euros. Es la cuota líquida del tributo; esto es, la cantidad global que el conjunto de los ayuntamientos facturó a los contribuyentes, aunque puede no coincidir con la recaudación en la medida en que se hayan producido impagos y demoras. La cantidad equivale al 1,15% del producto interior bruto (PIB), cuando la presión fiscal del impuesto así medida era del 0,89% en 2011. La diferencia se explica por el impacto del tributo, aunque también en parte por el descenso del PIB registrado desde entonces.

Conforme a la misma información del Catastro, la carga fiscal del IBI urbano, considerada como la suma del conjunto de los recibos emitidos, aumentó de una manera singularmente intensa en Oviedo (29% entre 2011 y 2014). A continuación figuran Avilés, con un aumento del 23,2%; Mieres (22,1%), Gijón (21,8%) y Siero (21%). Langreo, con el 16,2%), es el único entre los principales municipios con un valor inferior al 20%. La factura agregada de la antes llamada contribución urbana ronda ya los 74 millones de euros a año en Oviedo y los 67 millones en Gijón.

Tal evolución del impuesto se explica por una cadena de decisiones tomadas en el ámbito nacional o en el local durante estos años. A finales de 2011, el actual Gobierno central, recién llegado a la Moncloa, aprobó subidas tributarias para frenar la escalada del déficit público y contener el hundimiento de la recaudación. La principal de aquellas subidas fue la que afectó al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El Ministerio de Hacienda añadió a ella un recargo en el IBI para inyectar dinero en los ayuntamientos y amortiguar la caída de otros ingresos tributarios municipales, en particular los asociados al urbanismo. Esa primera medida alcanzó a más de la mitad de los municipios asturianos y supuso un incremento singular del IBI (del 10%) en aquellos donde la última revisión catastral databa de antes de 2003.

El recargo se anunció para 2012 y 2013, pero se prorrogó a los años siguientes y sigue vigente hoy allí donde no se abordaron actualizaciones del Catastro. Numerosos ayuntamientos asturianos, entre ellos varios de los principales (Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo), realizaron en estos últimos años revisiones catastrales que también encarecieron el impuesto.

Pero la carga tributaria del IBI ha aumentando por una doble vía: de una parte, los incrementos que haya soportado cada contribuyente por cada uno de sus inmuebles; de otra, el aumento mismo del número de recibos, derivado de las actualizaciones del catastro y de otras políticas extraordinarias desplegadas de manera coordinada por la Administración central y los ayuntamiento. Este último es el caso de las campañas de "regularización catastral" realizadas sobre todo entre 2012 y 2014. Parte de los municipios asturianos solicitaron al Ministerio de Hacienda la elaboración de "rastreos" para identificar inmuebles o partes de construcciones no declaradas. El Catastro utilizó para ello métodos como el uso de fotografías aéreas o el trabajo de campo de personal contratado específicamente para desempeñar esa tarea.

Esas medidas antifraude han contribuido a que el número de recibos del IBI expedidos por los ayuntamientos asturianos -casi todos a través del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado- haya aumentado en casi 24.000 desde 2012. Los propietarios asturianos están obligados a pagar un total de 1,037 millones de recibo de IBI, según la cuenta correspondiente a 2014.

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