La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), organización participada por los empresarios y los sindicatos, estima que el empleo sumergido o en situación irregular que existe en el sector asturiano puede rondar los 29.000 puestos, cifra que supera el número total de trabajadores que, sean asalariados o autónomos, están adscritos a actividades ligadas a la construcción en la Seguridad Social (unos 23.500).

Ese cálculo de la FLC es una aproximación basada en datos de Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea) que la organización presidida por Serafín Abilio Martínez invoca para cargar de nuevo contra la política de contratación de obra pública de la Administración asturiana, que licita la gran mayoría de sus proyectos mediante subasta. Esa práctica, que en un contexto de crisis ha disparado las ofertas a la baja de las empresas, estimula las irregularidades en materia laboral, según la citada fundación. Son prácticas frecuentes, añaden los representantes del sector, "los encuadramientos irregulares a convenios colectivos", consistentes en pagar a los asalariados y cotizar por ellos según convenios más bajos que los que legalmente deben aplicar las empresas para trabajar en Asturias. Los constructores de la región suelen imputar ese comportamiento a las compañías foráneas, que están consiguiendo por encima del 60% de las contratas del Principado, denuncian también.

Otra anomalía extendida es "el abuso de la subcontratación de trabajadores autónomos". La FLC demanda que los pliegos de contratación incluyan medidas para evitar la sustitución sistemática de asalariados por trabajadores por cuenta propia para reducir los costes laborales. La fundación ha emplazado también a las Administraciones a que se hagan cumplir la legislación que regula y limita las prácticas de subcontratación.