El lunes 29 de junio, inmediatamente después de la ruptura de las negociaciones entre Grecia y la Troika a consecuencia de la convocatoria del referéndum heleno por el Gobierno de Syriza, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, y su ministro de Economía, Luis de Guindos, descartaron que la crisis griega y una eventual salida del país del euro (el "Grexit", en el acrónimo anglosajón) pudiesen afectar a España como ocurrió en los dos anteriores rescates. "España está preparada y no nos afectará", dijo Rajoy. Este miércoles, Rajoy matizó: "Esto afecta a España".
Las primas de riesgo se habían movido al alza y las bolsas, a la baja. Estos movimientos, indicadores de que los mercados no son indiferentes a la capacidad de contagio soberano, monetario, financiero y bursátil de una hipotética escisión en el euro, se produjeron sin grandes convulsiones ni extremismos, aunque con la ayuda tranquilizadora de las compras excepcionales de deuda pública (60.000 millones mensuales) que está realizando el Banco Central Europeo (BCE) desde este año y que no existieron en el pasado.
Pese a ello, la prima de riesgo española se movió en los últimos días entre los 125 y los 164 puntos básicos, lo que significa que España se financia en el mercado entre 1,25 y 1,64 puntos porcentuales más caro que Alemania. El diferencial español está a mucha distancia de los 642 puntos básicos que alcanzó en julio de 2012. Pero es superior a los 105 de mayo de 2010 cuando el primer rescate de Grecia obligó a Zapatero a cambiar su política.
La incertidumbre sobre la continuidad o no de Grecia en el seno de la unión monetaria es un hecho sin precedentes y, como toda experiencia inédita, está sujeta al desconocimiento de cuáles pueden ser sus impactos, su capacidad de contagio y sus efectos colaterales sobre los países socios, el conjunto de la eurozona y los mercados financieros globales. En los ámbitos económicos y políticos hay posiciones discrepantes, propias de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diagnosticó como "territorios desconocidos".
Además de la acción compradora de bonos públicos y privados por el BCE (un instrumento excepcional y heterodoxo de política monetaria con el que no se contó en el pasado reciente), la Eurozona y la UE se han dotado de algunas de las instituciones e instrumentos de los que carecían, lo que supone un punto de apoyo adicional, aunque no un seguro pleno de estabilidad en caso de fractura de la moneda.
España está creciendo y lo está haciendo en tasas superiores al resto de países avanzados, lo que constituye una fortaleza. Se trata además de un crecimiento más intenso y que acumula más trimestres de recorrido que el que había comenzado a esbozar España tras salir de la primera recesión, a comienzos de 2010, cuando el primer rescate de Grecia y la crisis soberana consiguiente cercenaron la recuperación. Sin embargo, el actual impulso está ayudado por factores externos no garantizados, como el abaratamiento del petróleo, que beneficia más a los países como España, con una alta dependencia energética exterior y baja eficiencia: España consume mucha energía por unidad de PIB.
El Banco de España pronosticó en su boletín de junio una cierta desaceleración de la economía española en el actual semestre respecto a la primera mitad del año, aunque aún con tasas de crecimiento muy apreciables, y tanto el Gobierno como las instituciones internacionales prevén un impulso menor en 2016 que en 2015. A su vez, el Gobierno aprobó el viernes un cuadro macroeconómico en el que barrunta para 2016 un encarecimiento del crudo de 7,3 dólares por barril y un aumento de 0,5 puntos en la rentabilidad exigida al bono español a diez años.
El empleo sigue al alza (con independencia de sus peores condiciones cualitativas) pero el viernes el Gobierno sólo mejoró su expectativa de creación de puestos de trabajo en mil empleos para este año pese a que mejoró el crecimiento del PIB en cuatro décimas. Funcas ya había delatado hace una semana la pérdida de pulso en la creación de empleo.
Pudiera ser que el adelanto al pasado día 1 de las rebajas fiscales previstas para el 1 de enero no guarden relación sólo con fines electorales, que es de lo que se acusa al ejecutivo, sino también con el intento de contrarrestar los síntomas de desaceleración.
El crecimiento, que es un factor capital de fortaleza, es, junto con el saneamiento realizado del sistema financiero y la escasa exposición directa de la economía española a la griega, los principales valladares protectores de un eventual efecto contagio. Pero en contra de España operan varias vulnerabilidades: una deuda pública muy alta y aún con tendencia creciente (es la séptima mayor de la UE y la tercera que más crece), un déficit público que es el segundo mayor de la Unión y sobre el que la Comisión Europea, BBVA y otros analistas han expresado dudas de que se vaya a cumplir este año; una deuda privada que, aunque menor a la de años precedentes, sigue siendo muy alta, como acaba de alertar el FMI; una deuda externa (la segunda mayor del mundo en términos absolutos) que ha seguido creciendo, según los últimos datos del Banco de España, y un saldo exterior que, aunque el Gobierno prevé que contribuya al PIB con una aportación positiva de una décima en 2016, sigue evidenciando un mayor peso y un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones.
