El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Serrano-Artal, instructor del caso en el que el también expresidente de Bankia está imputado por presuntos delitos fiscales, de blanqueo y alzamiento de bienes en la gestión de su patrimonio y en sus actividades económicas. El exministro asturiano se mostró dispuesto a colaborar con la justicia, aunque criticó el tratamiento que está recibiendo del sistema judicial por las "medidas cautelares extremas" a las que, considera, se le ha sometido y por el "elevado grado de publicidad" que se ha concedido a la investigación perjudicando su reputación y provocando "graves daños profesionales y familiares".

Rato descartó responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido completo de las acusaciones contra él, en concreto un nuevo informe que prepara la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) a partir la documentación intervenida durante los registros en la casa y el despacho del exministro el pasado abril, cuando fue detenido. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales de blanqueo y descarta el de alzamiento de bienes, apuntado en el primer informe que la Agencia Tributaria presentó al ministerio público.

Ratos sólo permaneció veinte minutos en las dependencias judiciales. Llegó en un vehículo a las diez y media de la mañana que estacionó en el aparcamiento subterráneo del que disponen los funcionarios. La jefatura Superior de Madrid informó al juez de que los riesgos asociados a la declaración de Rato hacían conveniente que accediera al edificio a través del parking. Una decena de afectados por las participaciones preferentes que Bankia comercializó y que le estaban esperando en la calle mostraron su indignación por esta decisión que consideraron un "trato de favor".

Un primer informe de la ONIF desencadenó hace tres meses una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de guardia de Plaza Castilla y la detención durante ocho horas del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid. En este plazo, el juez el que finalmente recayó la causa, Antonio Serrano-Artal y la Fiscalía Anticorrupción (a la que se encargó su tramitación) han repasado los cerca de 40.000 documentos incautados en la operación.

Por su parte, el portavoz de Hacienda del grupo socialista en el Congreso, Pedro Saura, exigió el cese "fulminante" de la jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, por la "utilización partidista" que considera que se está haciendo de la Agencia Tributaria en el caso de Rato y por el "funcionamiento chapucero" de este organismo.