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Asturias, con bajo perfil público

La región tiene menos funcionarios por población que la mayoría de las comunidades autónomas españolas

02.08.2015 | 04:40
Asturias, con bajo perfil público

La evolución del empleo público, entendido en sentido amplio como la suma de las distintas plantillas vinculadas a la Administración y de los trabajadores de cualquier otra empresa de titularidad pública, refleja de manera contundente uno de los rasgos principales de la transformación de la economía asturiana durante las tres últimas décadas. Como puso de manifiesto recientemente el director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), Ramiro Lomba, durante una conferencia ante empresarios, la idea de que la región y su tejido productivo dependen en alto grado de lo público es un tópico que se desmorona con examinar algunos datos oficiales. Máxime tras los recortes aplicados estos últimos años en parte del aparato administrativo.

Lomba tiene en cuenta para su análisis en primer lugar la relación que existe entre la población y el número de empleados de la Administración (personal funcionario o laboral adscrito a las instituciones centrales, regionales y locales, así como a otros entes y sociedades ligadas a ellas, y también a la Universidad). Según los últimos registros del Ministerio de Hacienda, en enero de este año Asturias sumaba en todos esos niveles de la Administración 56.488 trabajadores. Considerando las cifras de población existente a esa misma altura, la región tiene el equivalente a 5,38 empleados públicos por cada cien habitantes. Supone una tasa algo inferior al promedio del país (5,48) y resulta sensiblemente más baja que las que se dan en los territorios que encabezan el ranking: Extremadura (8,19 funcionarios por cada cien personas), Castilla y León (6,65), Aragón (6,58) y Madrid (6,07).

Con una población muy envejecida y un grado de dispersión geográfica que tiende a imponer una mayor dotación de personal en ciertos servicios como la sanidad, Asturias sí tiene una administración autonómica que presenta una dimensión superior a la media del país. El número de trabajadores del Principado (35.665 empleados) supone que hay 3,39 trabajadores públicos por cada cien habitantes, una proporción superior a las registradas en una mayoría de comunidades autónomas, inferior a las que se registran en Extremadura (4,3), Navarra (3,61) y análoga a las de Castilla y León (3,4), Cantabria (3,33) y Galicia (3,15), territorios estos últimos que comparten con Asturias el rasgo del envejecimiento demográfico.

Tales resultados del empleo público en la Administración autonómica tienen su contrapunto en los bajos niveles de las plantillas que el Estado y los ayuntamientos tienen en la región. Asturias ocupa junto a Navarra, La Rioja, Murcia o Madrid las últimas posiciones del país en la ratio de trabajadores municipales por población (0,88 por cada cien habitantes, frente a una media nacional de 1,15 empleados de los ayuntamientos por cada cien habitantes). Extremadura, con una población sólo ligeramente superior a la de Asturias, tiene casi el triple de asalariados en sus ayuntamientos. Sus casi 25.800 empleados se explican en parte por el personal contratado a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, más conocido por sus antiguas siglas (PER, de Plan de Empleo Rural), que se desarrolla a través de las instituciones municipales.

La plantilla de la Administración del Estado en Asturias también tiene un dimensión muy modesta. Ahí y en los ayuntamientos se ha centrado además la tijera de estos años. Las restricciones a la incorporación de nuevos funcionarios, aplicando una mínima tasa de reposición en la mayoría de los departamentos y servicios, hizo que la plantilla del Estado en la región se redujera el 17% desde 2010, cuando, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con la crisis de deuda soberana en la zona euro, comenzaron las políticas de austeridad.

Sus efectos fueron incluso más intensos en los ayuntamientos asturianos. Según se infiere de la información contenida en el Boletín del Personal al Servicio de la Administración Pública, entre 2010 y 2015 los municipios asturianos redujeron sus plantillas en 3.070 personas, un tajo equivalente al 25% que además duplica el promedio del conjunto del país.

Hay otras formas de examinar el peso del sector público en la actividad económica. Una de ellas remite a su importancia relativa dentro de la cuenta del producto interior bruto (PIB). La contabilidad regional que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima el valor añadido bruto (VAB) que aporta la Administración dentro de un epígrafe que comprende también las actividades de sanidad, enseñanza y servicios sociales, sean públicas o privadas. Aún tratándose de una cuenta más amplia, puede dar una pista de la relevancia de lo público. La suma de la Administración y de esas otras actividades representó en Asturias en 2014 el 18,1% del PIB. Es un resultado intermedio que supera los de siete comunidades y es inferior al resto. De nuevo Extremadura vuelve a aparecer en cabeza: la citada cuenta supone más del 26% de la riqueza que genera en un año. El 20% se supera asimismo en Andalucía y Castilla y León.

El PIB asturiano y el tejido empresarial tuvieron un enorme sesgo público en el pasado. El director de SADEI, Ramiro Lomba, ha recordado también cómo en 1980, cinco de las diez mayores compañías de la región eran públicas. La relación de sociedades pertenecientes al Instituto Nacional de Industria (INI) rondaba las 15 hacia 1985 (Hunosa, Ensidesa, Tabacalera, Santa Bárbara, Juliana, Domi, Enfersa...). Era el tiempo en que entre la siderurgia de Ensidesa y la minería de Hunosa sumaban cerca de 50.000 trabajadores directos. De todo aquello, hoy queda en manos estatales Hunosa con 1.400 trabajadores y descendiendo camino de la caducidad que podría llegar en 2018.

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