José María Ruiz-Mateos, el controvertido empresario fallecido el lunes a los 84 años y protagonista de dos de los fallidos empresariales más estruendosos del último tercio de siglo en España, constituyó Rumasa, su primer "holding" de empresas y bancos, en 1961 a partir de los negocios de exportación de vino de Jerez en los que secundó la actividad paterna. Seis años más tarde, en 1967, trasladó su sede a Madrid y acentuó su espiral trepidante de compra de negocios y anexiones de empresas.
En los primeros años 70, sólo un decenio después de la fundación del grupo, la opinión pública española percibía a Rumasa como un imperio colosal, una magna obra producto del esfuerzo ímprobo de su impulsor y un portentoso emporio de creación de riqueza y de empleo. Pero en esa época las dudas sobre la solvencia del grupo y sus prácticas heterodoxas empezaron a extenderse entre los sectores mejor informados.
Primeras dudas. Leopoldo Calvo-Sotelo, entonces consejero delegado de Explosivos Rio Tinto, explicó en sus memorias que "en los tiempos de Franco", Rumasa "era ya un hecho preocupante". Y el economista Ramón Tamames apuntó en 1977 los "rumores" que habían circulado a comienzos de ese decenio sobre "una posible bancarrota". En esas fechas, el fiscal del Tribunal Supremo y futuro ministro secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, confió al entonces director general de TVE, Adolfo Suárez (luego, presidente del Gobierno), su convicción de que Ruiz-Mateos podría acabar ante la fiscalía por sus prácticas empresariales temerarias y audaces.
El 11 de septiembre de 1977, el primer gobierno democrático, presidido por Adolfo Suárez, multó a Ruiz-Mateos por un delito de fuga de capitales. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, preocupado por las dudas que se cernían sobre Rumasa, intentó conocer la verdadera situación del grupo, pero el hermetismo y opacidad de la organización se lo obstaculizó.
El 16 de diciembre de 1978 el Banco de España dictaminó que los bancos del "holding" se estaban convirtiendo en meros captadores de depósitos de los españoles para nutrir de liquidez a las empresas del grupo, que estaban en situación apurada y en muchos casos se temía que en pérdidas.
Dos meses y medio después, el 2 de marzo de 1979, el gobernador del Banco de España, el gijonés José Ramón Álvarez Rendueles, comunicó a Ruiz-Mateos su preocupación por la excesiva concentración de riesgos y de crédito de los bancos del grupo con las empresas del "holding".
El gobernador insistió el 23 de abril de 1980, con el envío de circulares a los 18 bancos de Rumasa urgiéndoles a la realización de auditorías. Más de seis meses después, el 4 de noviembre, los bancos contestaron asegurando que habían suscrito un contrato con la auditora Arthur Andersen para que certificase su situación patrimonial y contable.
En 1981, poco antes de la dimisión de Suárez, la Subsecretaría de Hacienda, en su intento por conocer la verdadera dimensión del grupo y su situación, comunicó a Rumasa la centralización en Madrid de la inspección tributaria de todas las sociedades de grupo con independencia de dónde tuviesen sus domicilios fiscales.
Cuando en febrero de 1981 Calvo-Sotelo sucedió a Suárez en la presidencia del Gobierno, Rumasa seguía lanzada en una ofensiva inaudita de compras de negocios y grandes compañías, en muchos casos en pérdidas y con fuerte deterioro patrimonial.
Rumasa era entonces el mayor conglomerado empresarial privado del país, uno de los más importantes grupos bancarios y uno de los primeros patrimonios inmobiliarios. Su imperio lo integran 670 sociedades, de ellas 300 activas, que operaban en una gran diversidad de sectores, y18 bancos, con una plantilla total de 53.000 trabajadores.
El 28 de abril de 1981, y ante la tardanza en entregar las auditorías solicitadas, el Banco de España convocó a Rumasa y a Arthur Andersen, y levantó un acta de la reunión, que el grupo de Ruiz-Mateos y la certificadora se negaron a firmar. El 26 de mayo, el Gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo, comunicó a Ruiz-Mateos que su actitud sólo podía interpretarse como su negativa a desvelar la verdadera situación del grupo.
La no intervención de UCD. Rumasa prosiguió con su actitud dilatoria mientras acometía nuevas adquisiciones, en una deriva elefantiásica de anexión de negocios como si su grupo fuese inmune a la crisis que azotaba a España. El 7 de enero de 1982, el Fondo de Garantía de Depósitos instó por vía notarial a Ruiz-Mateos para que entregase la auditoría.
La negativa del empresario a ofrecer información consolidada del conjunto del grupo, y no parcial de sus sociedades (la consolidación de cuentas societarias y el conocimiento del flujo intragrupo hubiesen revelado la inconsistencia del conglomerado), indujo al Gobierno de Calvo-Sotelo a preparar la intervención de Rumasa: "Su resistencia pasiva primero y activa después, nos llevó a preparar la intervención de Rumasa" aunque "no" -matizó- "su expropiación".
La UCD no hizo ni lo uno ni lo otro, pero el Gobierno centrista, una vez que sufrió la derrota electoral del 28 de octubre de 1982, alertó al partido vencedor, el PSOE, del gravísimo problema al que se enfrentaba. Lo hicieron los ministros salientes de Economía y Hacienda, Juan Antonio García Díez y Jaime García Añoveros, en sucesivas reuniones con Miguel Boyer. Y también el presidente del Gobierno en funciones, Leopoldo Calvo-Sotelo, con el secretario general del PSOE, Felipe González; el vicesecretario general, Alfonso Guerra, y Boyer. La facturación en pesetas declarada este año por el grupo equivalía a 2.103 millones de euros y se atribuyó una aportación a la riqueza nacional equivalente al 1,5% del PIB.
La "Rumasa sumergida". El 10 de noviembre, los servicios de inspección del Banco de España, a la vista de los flujos bancarios, detectaron la existencia de una primera Rumasa oculta, integrada por 83 sociedades que aunque aparentaban ser ajenas a la organización, estaban siendo financiadas, con una elevada concentración de riesgo, por los 18 bancos del "holding". Dos años más tarde, tras la expropiación del grupo por los socialistas, afloró otra Rumasa oculta, la llamada "Rumasa sumergida" o "Rumasa B", con empresas y bancos no declarados como propios.
A Rumasa se le había prohibido comprar más bancos y sólo podía hacerlo utilizando testaferros. Y también se le había reconvenido para que, hasta tanto no consolidara y fortaleciera la solvencia del "holding", no siguiera creciendo de forma meteórica con nuevas compras, que no hacían sino acumular desequilibrios crecientes y necesidades cada vez mayores de liquidez para tapar las pérdidas y dar circulante a las sociedades.
Ruiz-Mateos no podía acceder ni a la transparencia ni a la ralentización. Cualquiera de ambas concesiones hubiese sido el fin del grupo. Rumasa estaba en una huida hacia adelante. Era como una bicicleta: si se para, se cae.
Ruiz-Mateos había edificado su imperio comprando empresas en pérdidas y con desequilibrio patrimonial, que adquiría sin poner dinero. "Un negocio en el que hay que poner dinero no es negocio" fue una de sus consignas.
Comprar empresas sin hacer desembolsos económicos sólo era posible adquiriendo sociedades en pérdidas y con deudas. El pago consistía en asumir los débitos del vendedor. En una situación inflacionaria como la de entonces (con incrementos anuales de hasta dos dígitos) el peso real de la deuda decrece de forma progresiva mientras que el valor de los activos aumenta. Algunos bienes inmuebles eran utilizados a su vez para comprar otras empresas. Ruiz-Mateos lo llamaba "pagar con piedras".
Mientras la inflación hacía su trabajo, Rumasa necesitaba liquidez para salvar el día a día, y la obtenía captando el ahorro a través de los bancos del grupo, que con ese fin ofrecían tipos de interés superiores a los del mercado.
La compra de más empresas y bancos constituía una búsqueda desesperada de facturación, en el primer caso, y de liquidez, en el segundo. También era una forma de fortalecerse frente al Gobierno por el tamaño sistémico de la organización. Y suponía una vía de generar sinergias para las empresas ya adquiridas por la complementariedad de muchas de ellas.
El cerco sobre Ruiz-Mateos seguía estrechándose: el 12 de noviembre el Banco de España detectó indicios de posibles irregularidades contables. El balance oficial de Rumasa había declarado un beneficio de 38,3 millones de euros, pero descontadas las sobrevaloraciones artificiosas de activos, el supervisor bancario entendía que el resultado real arrojaba unas pérdidas de 41,13 millones de euros.
El futuro ministro de Economía socialista, Miguel Boyer, se reunió aquellos días con la cúpula de la patronal CEOE. "Rumasa", dijo, "está a punto de estallar". Tras la formación del nuevo Gobierno, el 10 de diciembre, Boyer, al igual que el Banco de España, aumentó la presión sobre Ruiz-Mateos para que aceptara la inspección externa como condición para prestarle ayuda. "No se aviene a razones", lamentó Boyer. "Quieren acabar conmigo", sostuvo Ruiz-Mateos.
Boyer se reunió con el gobernador del Banco de España, hubo intercambios de información continua y requerimientos a Rumasa, y en el seno del Ministerio se creó una comité de trabajo específico para seguir la situación del grupo. Se temía un estallido incontrolado y en cascada del llamado "holding de la abeja". Ese mes de diciembre, uno de los siete grandes bancos emitió una circular interna declarando a las empresas de Rumasa en situación de alto riesgo. El pánico bancario empezaba a cundir.
Las deudas de Rumasa se estimaron en 1.394 millones de euros y su agujero patrimonial, en 66,11 millones. Entre enero y el 23 de febrero de 1982 se sucedieron las reuniones ministeriales específicas sobre Rumasa y los llamamientos del Ejecutivo, del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos al empresario. Hubo contactos de las instituciones con Ruiz-Mateos. Pero, dos años después de haberse comprometido a auditar las cuentas consolidadas del grupo, el informe seguía sin existir.
La tensión entre las partes se enconó. Boyer amenazó a Rumasa con enviarle los inspectores. Ruiz-Mateos replicó desafiando al Gobierno. En 24 horas, el Consejo de Ministros decretó la expropiación de Rumasa para salvaguardar, dijo, a los depositantes de los bancos, los empleos, a los acreedores y proveedores y el impacto sobre la economía.
La reacción. Ruiz-Mateos, que en público bramó contra la intervención y acusó al Gobierno de haberlo arruinado, en privado reaccionó de forma jubilosa y exultante: "¡Lo hemos conseguido!". Se había quitado un peso de encima. Así se lo testimonió al periodista Mariano Guindal un testigo: el abogado de Ruiz-Mateos desde 1974 y exmilitar Vicente de Crispín, miembro -al igual que el empresario- del Opus Dei.
Con la Rumasa y el patrimonio que había situado en el exterior, y que eran ilocalizables para el Gobierno, Ruiz-Mateos empezó de nuevo. Presentándose como víctima, aparentando estar en la ruina por el odio de clase de los gobernantes, aduciendo una persecución implacable desde el poder contra quienes, como él, eran creadores de riqueza y empleo, su campaña -con la colaboración de algunos ámbitos de opinión y de partidos de la oposición- fue eficaz.
Muchos españoles creyeron su versión y no la del Gobierno. Los votantes le dieron a Ruiz-Mateos dos escaños en el parlamento europeo en dos comicios consecutivos. Y cuando su nuevo grupo, Nueva Rumasa, construido con los mismos métodos que Rumasa, se lanzó veintisiete años después, en 2010 y 2011, a captar el dinero de los ciudadanos mediante la emisión de pagarés con un exagerado tipo de interés del 8% -lo mismo que había hecho antaño con sus antiguos bancos-, muchos españoles también le confiaron su ahorro. Aún no lo han recuperado.
