Los informes que maneja el Ministerio de Industria acerca de las previsiones de funcionamiento del sistema gasista para el próximo lustro no contemplan por el momento la puesta en servicio de la regasificadora de El Musel, al menos para su función primigenia: contribuir a la cobertura de la demanda nacional de gas natural. Uno de esos documentos, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), deja a la planta gijonesa fuera de sus cálculos de cuáles serán las necesidades de combustible del país y qué infraestructuras las atenderán.
La CNMC, encargada de la supervisión del mercado energético, realizó el pasado julio, por encargo del Gobierno, un informe que es preceptivo antes de que el Ministerio emita su propio dictamen sobre las previsiones de ingresos y costes del sistema de gas natural. El trabajo de la CNMC precisa que, para la revisión de las estimaciones del período 2015-2020, "no se ha considerado la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel". Esto es, los estudios sobre cómo evolucionará el sistema durante ese período desde el punto de vista económico y financiero parten de la hipótesis de que España tendrá en servicio seis regasificadoras en la península (Ferrol, Bilbao, Barcelona, Cartagena, Sagunto y Huelva) y una en Canarias (Tenerife), que se estrenará a partir de 2018 y que supondrá la llegada del gas natural al archipiélago.
En principio, la planta gijonesa no está considerada más que a efectos de los costes que tiene la planta estando cerrada y que se sufragan con cargo al recibo de los consumidores. La instalación está acabada desde fines de 2012, pero el Gobierno decidió mantenerla sin uso ("hibernada") porque la baja demanda de gas no justificaba su funcionamiento y el incipiente déficit económico del sistema desaconsejaba añadir nuevos gastos. No obstante, Enagás, titular de la regasificadora, recibe unos 9,3 millones de euros al año para el mantenimiento y otra cantidad superior por los costes financieros asociados a la inversión, que superó los 370 millones.
El nuevo consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, expuso anteayer, durante su primera comparecencia en la Junta General del Principado, que el Ejecutivo regional seguirá demandando al central la puesta en servicio de la regasificadora. Los posibles obstáculos técnicos están resueltos, toda vez que el pasado año concluyó la construcción del gasoducto Llanera-El Musel, la conexión física del complejo del puerto con la red nacional de transporte de gas.
La omisión de la regasificadora en los informes técnicos no significa por sí misma que sea imposible su apertura antes de 2020. La última palabra es del Ministerio, si bien desde 2012 las reglas sobre los costes del sector energético se han endurecido para evitar desfases que presionan al alza los precios que pagan los consumidores.
Que la regasificadora empiece o no a recibir buques metaneros e inyectar gas a la red dependerá de cómo evolucione la demanda, según el criterio expresado en otras ocasiones por el Ministerio de Industria, que ayer no respondió a una petición de información de este diario. Por ahora, las previsiones de consumo de gas natural que ha elaborado el propio Ministerio contemplan que la demanda aumente todos los años entre 2015 y 2020, aunque a tasas contenidas: por debajo del 2%, salvo en 2015 (3%) y 2018 (4%), en este último caso por la llegada del gas a Canarias. Tales incrementos de demanda podrían atenderse con las infraestructuras de entrada de combustible que ya están en funcionamiento (regasificadoras y gasoductos internacionales).
Alternativamente, Enagás y la Autoridad Portuaria de El Musel están explorando otros usos para la planta. Entre ellos, utilizarla como almacenamiento y para la recarga de buques.
