Asturias es la séptima región en la que es más fácil hacer negocio

29.09.2015 | 17:50

Asturias es la séptima comunidad autónoma en la que es más fácil hacer negocios, según el informe Doing Business España 2015, elaborado por el Banco Mundial.

Según el estudio, que mide el clima de negocios en las 17 CCAA y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías donde es más fácil hacer negocios, mientras que Galicia, Aragón y Ceuta son las regiones donde las pymes afrontan mayores obstáculos.

El informe incide, por ejemplo, en que abrir una empresa en Andalucía es más sencillo que en otras comunidades ya que hay un uso elevado de plataformas electrónicas.

En la clasificación general, Cataluña se sitúa en la sexta posición en clima de negocios, por detrás de Extremadura y la Comunidad Valenciana, aunque obtener una conexión eléctrica es más sencillo en la región catalana porque no se requieren visados colegiados y la instalación eléctrica se hace mediante una autorización simplificada.

El documento sitúa a España en el puesto 33 entre 189 economías analizadas, por detrás de Polonia, Francia, Países Bajos y Austria y mejora en el ámbito de resolución de insolvencias, comercio transfronterizo y protección a los inversores.

En sentido contrario, empeora los indicadores relativos a la obtención de permisos de construcción (puesto 105), al pago de impuestos (76) y a la apertura de empresas y obtención de electricidad (puesto 74).

Dentro del territorio español, para obtener un permiso de construcción hay grandes diferencias entre CCAA, y mientras en La Rioja, Asturias, Extremadura y Valencia es más fácil obtenerlos, en Galicia, Andalucía, Aragón, Murcia y País Vasco es más complicado.

"Completar el proceso de obtención de permisos de construcción es tres veces más caro en España que en la media de las economías de altos ingresos de la OCDE", dice el Banco Mundial.

El director del grupo de indicadores globales del Banco Mundial, Agusto López Claros, considera "esencial" una mayor cooperación entre los gobiernos autonómicos y central y las distintas instituciones y destaca la burocracia que reflejan los ayuntamientos.

Precisamente, los costes para abrir una empresa difieren según los trámites municipales y van desde los 589 euros de media que se pagan en Pamplona hasta los 250 euros de Bilbao, los 169 euros de Zaragoza, o los 24 euros de Vigo.

López Claros afirma que el promedio de trámites que deben hacerse en España también es superior en casi cinco a la media de la Unión Europea.

Así, mientras en Nueva Zelanda se monta una empresa con un sólo trámite, en Eslovenia, con dos, en Portugal con tres pasos, y en Francia e Italia con cinco, en España se requieren 9,5 trámites.

El número de días para crear un negocio en España se sitúa en una media de 17 frente a los 10 de promedio de la UE.

El informe recomienda una mayor simplificación en los trámites, y la reducción de tasas municipales para el inicio de la actividad y aboga por mejorar la transparencia de cálculo de los aranceles notariales y registrales así como eliminar o reducir el capital mínimo requerido para crear una empresa.

El estudio, el primero del Banco Mundial para España, compara las regulaciones comerciales que afectan a las pymes a través de cuatro indicadores: apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de la propiedad.

Respecto a la obtención de la electricidad, revela que los trámites autonómicos son los que más tiempo llevan por término medio y que mientras Navarra, Cataluña, Asturias y Castilla y León son las autonomías con mejores datos, Murcia, Canarias y Aragón se encuentran al final de la lista.

Para mejorar esta situación, y sobre todo frente a la media de la UE, el Banco Mundial, aboga por disminuir los costes de conexión, minimizar la carga financiera de los depósitos de garantía y eliminar los visados colegiados del proceso, entre otras medidas.

Según López Claros, España ha mejorado su competitividad como "respuesta a la crisis" pero advierte de que para garantizar un crecimiento sostenido de la economía hay que invertir más en educación y en un "ambiente regulatorio que sea amistoso para incentivar la creación de empleo".

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