Crear una sociedad limitada requiere en Asturias menos tiempo y menos costes en trámites que en la mayoría de las demás comunidades autónomas, según determina un informe elaborado por los servicios de estudios del Banco Mundial. El Principado aparece en ese documento entre las regiones donde la regulación penaliza menos a los emprendedores a la hora de poner en marcha sus negocios, pero también se recoge que, como en el resto de España, las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector industrial están sujetas en el Principado a demoras de tramitación y a tasas muy superiores a las que son habituales en Europa.
El informe "Doing Business. España 2015" examina las dificultades que tienen las empresas para iniciar y desarrollar su actividad en las distintas regiones, considerando el impacto de las regulaciones de ámbito estatal, autonómico y local. A efectos de las normas municipales, los expertos del Banco Mundial toman como referencia la ciudad más poblada de cada autonomía, Gijón en el caso de Asturias. La investigación mide el tiempo y el dinero que cuesta crear una sociedad limitada, obtener las autorizaciones para construir un almacén y disponer de una conexión eléctrica y hacer una compraventa inmobiliaria entre empresas. Con los resultados obtenidos se elabora una ranking conforme al cual las zonas de España donde existe "mayor facilidad para los negocios" son La Rioja, Madrid y Navarra. Las mayores dificultades se dan en Galicia y Aragón. Asturias mejora la media y ocupa la séptima posición. En los siguientes puntos se expone cómo queda retratada la región.
Constituir una empresa. El Banco Mundial considera el caso de una sociedad limitada que se crea con entre 10 y 50 trabajadores y un capital social de unos 230.000 euros (equivalente a diez veces la renta per cápita del país). Constituir esa sociedad y obtener las autorizaciones básicas para iniciar la actividad supone en España una media de 17 días y un coste igual al 4,2% de la renta per cápita. Las regiones donde es más fácil abrir esa empresa son, por orden, Andalucía, Madrid, Cantabria, Asturias y la Comunidad Valenciana. En el caso asturiano, el tiempo de tramitación es de 14 días y el coste baja al 3,4%. Como promedio, crear esa sociedad en la Unión Europea supone dos días menos de trámites, si bien resulta más caro (4,1% de la renta per cápita) que en Asturias.
Activar una pyme industrial. El Banco Mundial dedica un capítulo singular a la regulación que afecta a las pymes de la industria, cuyo inicio de actividad está generalmente sujeto a exigentes requisitos y costes, en parte por los impactos ambientales. En el caso que analiza el informe (una forja), el tiempo medio de tramitación de las autorizaciones es de cuatro meses en España y el coste equivale al 9,3% de la renta per cápita. Asturias figura como la sexta región donde es más sencillo para una pyme industrial iniciar las actividades. El plazo de la burocracia es análogo a la media (119 días), pero el coste económico es inferior (4,1%). En Murcia, la región con peor registro, la espera por los distintos permisos supone ocho meses (248 días).
Una obra y una conexión eléctrica. Asturias es la segunda comunidad donde es "más fácil" obtener los permisos necesarios para construir un almacén y conectarlo a los servicios públicos, aunque son necesarios doce trámites y 114 días de papeleo. El Banco Mundial asigna a la región una posición intermedia (la octava) cuando analiza también el tiempo y dinero que suponen las autorizaciones para una conexión eléctrica de una empresa.
La compraventa. Asturias es la tercera comunidad donde es más gravosa la transmisión de una propiedad entre empresas. El Banco Mundial utiliza el siguiente ejemplo: una sociedad que vende a otra un inmueble formado por un terreno y un edificio localizados en una zona comercial de la periferia urbana y valorados en algo más de un millón de euros. El tiempo de trámite es en Asturias de 16 días, semejante a la media del país, pero el coste fiscal es de los más altos debido al tipo impositivo (10%) que el Principado aplica en el tributo de transmisiones patrimoniales para los bienes que superan los 500.000 euros.
