La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional amparó ayer el cierre de la factoría de Coca-Cola de Colloto (Siero) como una decisión "regular" y "razonable" de la empresa. Por unanimidad de sus magistrados, el tribunal concluye que la readmisión de los trabajadores en el centro fabril clausurado "ha devenido imposible", por lo que procede, señaló, la extinción indemnizada de los contratos de los 17 trabajadores de la planta envasadora asturiana que no aceptaron los empleos alternativos que les ofreció la compañía en otras factorías españolas.

El envasador español Coca-Cola Iberian Partners, dueño de las instalaciones asturianas a través de su filial Asturbega, y que tenía 129 trabajadores entre Colloto y León antes del expediente de regulación de empleo anulado en 2014, continuará presente en la región con 48 trabajadores, aunque ya sin actividad de fabricación.

La decisión judicial se expresa en similares términos respecto a las otras dos instalaciones fabriles cerradas por el envasador español de Coca-Cola (Alicante y Palma de Mallorca) y respalda a su vez la transformación de la planta de embotellado de Fuenlabrada (Madrid) en una instalación logística.

La Audiencia Nacional, que había anulado el ERE de Coca-Cola Iberian Partners (envasadora bajo licencia de la estadounidense The Coca-Cola Company) y que le exigió la readmisión de los trabajadores en sus anteriores condiciones laborales, sostiene ahora que la decisión de cerrar las plantas no fue "reactiva" al ejercicio del derecho de huelga que ejercieron los trabajadores contra el ERE y el anuncio del ceses de la actividad de envasado. Según el tribunal, la empresa ejecutó de buena fe la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el ERE, sin incurrir en fraude de ley y sin un abusivo incumplimiento, "por cuanto en el momento de la notificación" del fallo, dicen los magistrados, "el cierre era ya irreversible".

En la resolución del incidente de readmisión, la Audiencia destaca que la mayoría de los trabajadores afectados se acogió voluntariamente a las medidas propuestas por la empresa (prejubilaciones, despidos y traslados a otras regiones), lo que, según el auto, justificaba "razonablemente" el cierre de las cuatro factorías. Señala el tribunal que sería "absurdo" pretender que una fábrica como la de Asturias, que tenía 129 trabajadores, reabriera ahora para incorporar a 17.