La comunidad internacional tiene un cita en París a partir del próximo día 30 de noviembre, donde 196 países tratarán de llegar a un pacto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, CO2, principalmente) de modo que la temperatura global del Planeta suba menos de dos grados en lo que queda de siglo. La Unión Europea (UE) acudirá a esa cumbre con una posición favorable a asumir exigentes compromisos de lucha contra el cambio climático que conciernen a industrias con fuerte implantación en Asturias (generación eléctrica, siderurgia, cemento, papel...). El presumible endurecimiento del comercio de emisiones de CO2, recientemente reformado, y el riesgo de que la UE vuelva a perder competitividad frente a otras potencias industriales ha puesto en guardia a esos sectores asturianos.
Europa acudirá a la negociación de París con el compromiso de reducir en 2030 las emisiones de CO2 un 40% por debajo de las registradas en 1990. Ese esfuerzo se repartiría entre las actividades industriales y los llamados sectores difusos: el residencial y el del transporte. Desde que en 2002 la UE secundó el Protocolo de Kioto, la política de reducción de gases de efecto invernadero se ha concentrado en la industria, a la que se ha sometido a la disciplina del comercio de derechos de CO2. Muy sintéticamente, supone que las actividades generadoras de dióxido de carbono quedan obligadas a comprar en una especia de Bolsa unos bonos que le permiten generar el gas. Se aplicó así el principio de que "quien contamina paga" y se utilizó un mecanismo de mercado para incentivar a las empresas a invertir e innovar en eficiencia medioambiental y energética para amortiguar los sobrecostes.
Pero los fallos en el sistema de asignación gratuita de derechos de emisión, muy generoso en los primeros años, y la crisis económica, que provocó un gran excedente de bonos de CO2, han hundido el mercado y jibarizado su eficacia. La Comisión Europea lanzó este año una reforma que a la postre supondrá que haya menos derechos y que la cotización del CO2 suba y con ello el coste para las empresas deficitarias en derechos. "El camino que lleva Europa es seguir apretando a la industria", subrayó una fuente empresarial. Sectores como el cementero están en alerta en Asturias. Según el criterio de la Corporación Masaveu, con plantas en Aboño y Tudela Veguín, un aumento en el precio de los derechos de emisión podría dañar severamente las exportaciones de cemento asturiano y también alentar las importaciones procedentes de países ajenos a la UE que trabajan con precios energéticos más bajos y sin penalización ambiental.
Salvo las de generación eléctrica pura, las plantas industriales afectadas por el comercio de emisiones disponen de asignaciones gratuitas que ahora con frecuencia son suficientes para cubrir las necesidades sin adquirir nuevos derechos. El riesgo de deslocalizaciones por el sobrecoste que implica el CO2 ("fuga de carbono", en la jerga comunitaria) movió a la UE a dar una protección especial (asignación del 100% de los derechos de emisión) a numerosas instalaciones, entre ellas varias de las cerca de treinta que están sujetas a la disciplina del CO2 en Asturias.
En esa situación están por ahora la plantas asturianas de Arcelor, pero las organizaciones que representan a la siderurgia española y europea temen que las nuevas reglas añadan dificultades al negocio europeo del acero, erosionado por el "dumping" de las exportaciones chinas y rusas y por los costes energéticos, ya superiores también a los de EE UU. La industria presagia además un crecimiento de la factura eléctrica por el presumible endurecimiento del comercio de emisiones (se prevé que el precio de la tonelada de CO2, ahora en 8 euros, se coloque en unos 20), la completa supresión de los derechos gratuitos de emisión a las térmicas de carbón y de gas desde 2013 y la apuesta por un mayor despliegue de energías renovables.
"Los sectores sometidos a la competencia internacional, como la siderurgia, necesitan que la Unión Europea no dé más pasos unilaterales sin antes convencer a los países más emisores (EE UU, China, Japón...) para que se unan a nuestros esfuerzos contra el cambio climático", sostiene la patronal siderúrgica española, Unesid, ante la cumbre de París.
Allí, el comisario europeo de Energía y Cambio Climático, el español Miguel Arias Cañete, estará entre quienes negocien en nombre de la UE. Durante los últimos meses, los "lobbies" de la siderurgia, la energía o la industria cementera se han reunido con Arias Cañete para influir en las posiciones de Bruselas. Según fuentes conocedoras, en países como Alemania ya se está abriendo paso la tesis de que a partir de ahora el esfuerzo para reducir el dióxido de carbono recaiga principalmente en el transporte y en la vivienda y no tanto en la industria, corazón de la economía asturiana y también responsable de que la región sea la parte de España con mayor intensidad de emisiones: más de veinte toneladas de CO2 por habitante y año.
