Los dirigentes de 195 países se reunirán a partir del próximo lunes para negociar un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, CO2, principalmente) que frene el aumento de la temperatura del planeta. Ante esa cita global, el Gobierno asturiano ha mostrado su apoyo a la lucha contra el cambio climático, aunque también su preocupación por los impactos que las políticas encaminadas a "descarbonizar" la economía puedan tener en las regiones industriales. El Principado pidió ayer mecanismos de apoyo para los territorios que, como Asturias, tienen una gran dependencia de actividades que son intensivas en CO2.

La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, citó ayer a los consejeros de las autonomías para exponerles la posición que llevará el Gobierno español a la cumbre de París. El criterio de España es el que de manera conjunta defenderán las autoridades de la UE en la capital francesa: alcanzar pactos vinculantes para reducir de la generación de dióxido de carbono de modo que la temperatura global suba este siglo menos de dos grados respecto de la época preindustrial. Buena parte de los participantes en la cumbre han formulado de antemano sus compromisos para frenar las emisiones. El de la UE supone que en 2030 la producción de CO2 sea un 40% inferior a la de 1990. Tal política conllevará presumiblemente someter a una disciplina más exigente y con mayores costes a las industrias afectadas por el llamado comercio de emisiones y que constituyen el corazón de la industria asturiana: siderurgia, térmicas de carbón, cementeras, papeleras...Por ese perfil industrial, Asturias es la región española más intensiva en emisiones de CO2, con más de veinte toneladas por habitante y año.

En ese contexto, la consejera asturiana de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, instó ayer al Gobierno central a "liderar en la cumbre del clima (...) la defensa de mecanismos económicos, financiero o de otra naturaleza que ayuden a las regiones como Asturias a una transición industrial y energética adecuada, a fin de evitar impactos negativos territoriales, sociales y para el empleo y sentar las bases de un tejido industrial más próspero y competitivo". La consejera remarcó que las emisiones industriales están en Asturias un 35% por encima de la media española y que el 73% de ellas procede de una veintena de instalaciones sujetas al comercio de CO2, instrumento que utilizó la UE a partir del Protocolo de Kioto (1997), firmado por Europa, pero no por los principales emisores internacionales de dióxido de carbono (EE UU y China, entre otros). Parte de la industria europea está presionando para que la UE no vuelva a asumir en París compromisos unilaterales.