La reforma del impuesto de sucesiones

En el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Principado para 2016, que seguidamente vamos a analizar, el Presidente cumple su promesa en lo que se refiere al error de salto, pero se le ha olvidado por completo del tope de reducción por vivienda habitual. No es de extrañar, porque el secreto de las crecientes recaudaciones que ha venido consiguiendo el Principado en los últimos años por este tributo está en la valoración de los inmuebles. Se calcula aplicando sobre el valor catastral unos coeficientes fijados por la Administración para alcanzar el llamado valor real, superior ya frecuentemente al valor efectivo de los mismos. Con el citado olvido, el Principado mantiene para 2016 la misma cifra de recaudación por el impuesto (139,5 millones de euros) que había previsto en las cuentas de 2015.

Para corregir el error de salto se sustituye el sistema actual (bonificación del 100% sobre la cuota tributaria cuando la base imponible (cuota hereditaria menos deudas y gastos) no exceda de 150.000 euros) por un nuevo sistema que consiste en reducir la base imponible y solo para herederos de los grupos I y 11 (descendientes, cónyuges y ascendientes, más parejas de hecho y adoptados) en la cantidad de 150.000 euros, dando lugar así a unas bases liquidables a las que no se va a aplicar la tarifa general de tipos impositivos hoy vigente (que se mantiene para herederos parientes colaterales y extraños), sino una tarifa especial de cinco tramos o escalones. El primero de esos tramos ya no es el 7,65%, como sucede en la general, sino el 18,7%. Esto es, el primer euro de base liquidable obtenida después de practicar la reducción de las 150.000 euros no tributará al 7,65% de la tarifa general, sino al dicho 18,7%.

Hay que tener en cuenta que la nueva reducción propuesta sustituye a las hoy vigentes en función del parentesco, por lo que la mejora no consiste en 150.000 euros íntegros, sino en la diferencia entre esta cantidad y las reducciones actuales. Así, la mejora es de 102.142 euros para los descendientes menores de 21 años y de 134.043 para los descendientes mayores de tal edad, cónyuges y ascendientes, más parejas de hecho y adoptados. A los denostados parientes colaterales, que pueden llegar a tener que pagar tipos impositivos de más del doble de los que se aplican a la línea directa y cónyuges, no les afecta la mejora propuesta y se les mantiene la "generosa" reducción vigente en función del parentesco: 7.943 euros.

Teniendo todo esto en cuenta, el gráfico superior -elaborado a partir de unas bases imponibles ajustadas a la bases liquidables de la nueva tarifa para mayor claridad- resume las diferencias de tributación entre el actual sistema y el propuesto.

Los números muestran que la corrección del error de salto va a resultar más favorable que el sistema en vigor para las bases imponibles que no superen los 400.000 euros. A partir de esta cantidad, los contribuyentes afectados no se enterarán de que se haya operado cambio alguno. Y las nuevas cuotas seguirán resultando mayores que las que se pagan en la mayoría del resto de regiones. También es cierto que en bases imponibles reducidas esas diferencias entre autonomías van siendo menores o incluso inexistentes, pero continuarán siendo superiores o muy superiores cuando las bases imponibles son elevadas. Y, por supuesto, la tributación seguirá siendo confiscatoria cuando los herederos son parientes colaterales, excluidos de la mejora.

Esto es lo que podría producirse en Asturias si la Junta General aprueba la reforma propuesta desde la izquierda y que está muy lejos de lo que ocurre en países considerados modélicos por esa misma sensibilidad política. En Suecia, la coalición formada por socialistas, comunistas y verdes, con una visión de futuro que aquí parece no existir, aprobó en 2005 la supresión del impuesto de sucesiones.

Sí, fue un gobierno de izquierdas quien consideró que el impuesto había perdido la legitimidad porque no tenía el apoyo de la gente, se había hecho impopular. Miles de empresarios, inversores y ciudadanos en general se habían ido a otros países, algunos tan conocidos e importantes como el fundador y propietario de Ikea, mister Kamprad, en los primeros puestos de la lista Forbes, que se fue primero a Dinamarca y luego a Suiza. O como el ingeniero Rubén Rausing, inventor de los actuales envases de leche, propietario de la empresa Tetra Pack, que se trasladó a Roma después de haber llegado a ser el hombre más rico de Suecia. Los progresistas suecos les podrían decir a nuestros progresistas que la oficina sueca de impuestos informó que el tributo de sucesiones, junto con el de patrimonio, le habían costado al país más de 200.000 millones de dólares y que prestigiosos economistas sostenían "que el impuesto sobre las herencias era una receta para el desastre económico".

La supresión del gravamen tuvo tan favorable impacto en la economía sueca que dos años después, en 2007, se suprimió también el impuesto sobre el patrimonio y en 2008 el que gravaba las propiedades residenciales, que supongo será algo parecido a nuestro IBI. Los empresarios que se habían ido regresaron. Entre ellos, en 2013, Ingvar Kamprad, que no había perdido el amor por su tierra y pudo volver a terminar sus días cerca de la granja y del pueblo en los que había nacido, granja y pueblo que aportan las iniciales que configuran, detrás de las de su nombre y apellido, el acrónimo de Ikea.

Los hombres de empresa están continuamente invirtiendo y arriesgando en busca del beneficio futuro. Manteniendo el impuesto de sucesiones, el Gobierno regional está únicamente tapando agujeros, gestionando el día a día, sin pensar en arriesgar para conseguir un futuro mejor. Además de Suecia, en nuestro entorno próximo también Italia y Portugal han suprimido el tributo para la línea directa y la unidad familiar, dejándolo en simbólico para la colateral. Los ciudadanos suizos han rechazado este mismo año en referéndum una propuesta para implantar en Suiza un moderado impuesto sobre las herencias.

Estamos de acuerdo en que hay mucho que hacer para reducir la desigualdad, pero no debe aplicarse para luchar contra esa lacra un remedio que va a ser mucho peor que la enfermedad. ¿Hay que recordar aquí las conocidas empresas y conocidos empresarios asturianos que un día tributaron en nuestra comunidad y hoy ya no lo hacen? No nos arriesgaremos por aquello de la protección de datos, pero en la Consejería de Hacienda los conocen bien. En la vecina Galicia, aparte de la reducción de 400.000 euros a la que recientemente se ha referido LA NUEVA ESPAÑA, se aplica una tarifa progresiva a los miembros de la unidad familiar que termina en un tipo máximo del 18%, frente al 36,5% de Asturias. ¿Estarán pensando los finos gallegos en retener el empadronamiento de uno de sus más ilustres vecinos? Hay demasiadas preguntas que formular a nuestros políticos. Una última: ¿qué pasa con los activos de las cada vez más numerosas herencias renunciadas? Un tercio de su importe se va al Estado, pero ¿se da a los otros dos tercios el destino que ordena el Código Civil? Los ayuntamientos deberían ponerse las pilas y el Principado informar debidamente.