Suecia, Austria y Portugal son los tres países europeos que suprimieron el impuesto de sucesiones, tan controvertido en Asturias. Algunos autores plantean por qué no seguir su ejemplo. Otros difieren: las comparaciones parciales entre países son engañosas, aducen, porque es el modelo completo el que hay que cotejar.
"Si lo hacemos como en Suecia, todo tendría que ser como en Suecia", asevera el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio. Suecia, explica, "ya es una sociedad muy igualitaria, por lo que un impuesto como el de sucesiones para contribuir a la redistribución de la riqueza tiene menos sentido". Desde la II Guerra Mundial, el país mantuvo una enorme progresividad en el impuesto sobre la renta, con tipos impositivos de hasta el 85%. La discusión, indica Monasterio, no está tanto en el impuesto en sí sino en cuánto graduarlo.
El profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez apunta también que la fiscalidad sobre las herencias existe de forma muy generalizada en la mayoría de los países. En unos casos se grava al que testa (caso de EE UU) y en otros a quienes reciben la herencia. Sin embargo, aduce, es un impuesto "muy controvertido", aunque coincide en que se discute más sobre "su intensidad" que sobre su existencia, salvo en el caso de la transmisión de padres a hijos, en cuyo caso algunos sectores plantean que el beneficiario debería estar exento.
Monasterio entiende que el principal frente de rechazo procede de los sectores con mayores patrimonios y con gran poder de influencia para crear corrientes de opinión en contra de la imposición. "Los grupos de interés fiscales existen y están muy activos", afirmó.
Monasterio invoca la reciente investigación del economista francés Thomas Piketty, quien -"de forma muy convincente"- defiende una mayor imposición sobre la propiedad para frenar la creciente desigualdad, a la que contribuye que los sujetos fiscales con más capital obtienen rendimientos anuales muy superiores en términos no sólo absolutos, también relativos.
Para el profesor Álvarez, el cuestionamiento a esta figura tributaria emana desde varios puntos de vista. Si se grava al que testa, el impuesto sobre las sucesiones representa una doble imposición porque el patrimonio ya fue gravado cuando se generó. Pero la doble imposición existe siempre, no sólo en las herencias y también se hubiera producido -aseveran tanto Monasterio como Álvarez- en caso de que ese capital, en vez de haber sido acumulado, hubiese sido gastado. En este supuesto, el sujeto fiscal habría pagado impuestos al generar el patrimonio y habría tributado de nuevo por él con el IVA en el momento del consumo. Esto lleva a Álvarez a sostener que el impuesto de sucesiones no debería ser más alto que el IVA para que no actúe de forma disuasoria contra el ahorro, por más que los sujetos fiscales no sólo ahorren pensando en sus herederos sino también por un elemental principio de precaución ante contingencias futuras y la merma esperable de renta por jubilación.
Desde el punto de vista del beneficiado por la herencia, Álvarez cree que el impuesto es también controvertido porque se grava más la sucesión y donación que otras formas de transferencia de padres a hijos, como la inversión en educación, que puede acabar contribuyendo también a la desigualdad social. Monasterio señala que el heredero tributa por un incremento patrimonial que él no ha generado pero que sí disfruta, y precisa que en el impuesto ya existen mínimos exentos y bonificaciones.
Álvarez indica que entre las exenciones más amplias figura la que rige para la empresa familiar para evitar que el pago del impuesto pudiese obligar a la venta del negocio para hacer frente a la liquidación del impuesto. Pero, aún así, alega que "si el impuesto se mantiene, debe reformarse". "Hoy es ineficiente y equívoco", favorece la competencia fiscal entre territorios, opera con "bases imponibles obsoletas" y combina "una tarifa o tipo del impuesto formalmente muy progresivo pero combinado con fuertes exenciones". En su opinión, de persistir, debe ser un "impuesto amplio y con tipos reducidos", entre otros fines para evitar la deslocalización o fuga ("exilio fiscal") de grandes patrimonios. El gravamen, asevera, no debería ser superior al 10%. Hoy, el tipo nominal puede llegar al 90%, aunque el efectivo, con bonificaciones y exenciones, ronda el 6 ó 7%.
A juicio del profesor Santiago Álvarez, el actual impuesto, "tal y como está diseñado en los países occidentales, no es eficaz en la reducción de la desigualdad", aunque esto, aclara, "no es culpa del impuesto sino la consecuencia de un fallo en su diseño".
Las rebajas fiscales tienen a veces sorpresas. En sus ocho años en el gobierno (2006-2014), el centroderechista sueco Fredrik Reinfeldt (Partido Moderado) eliminó el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y recortó el IRPF y el impuesto sobre sociedades. La sorpresa se produjo a fines de su mandato. "The Wall Street Journal" desveló que la sociedad sueca estaba molesta por el deterioro que se había producido en los servicios públicos y que exigía el fin de las rebajas fiscales, pese a que el país seguía siendo el quinto de la OCDE con los tributos más altos. Los conservadores perdieron, en efecto, las elecciones de 2014 y la izquierda volvió al Gobierno.
