Bankia deberá devolver 518.395 euros a casi un centenar de asturianos que habían comprado acciones de la entidad antes de su salida a Bolsa en el verano de 2011, después de una demanda colectiva presentada por la Unión de Consumidores (UCE), la mayor tramitada hasta el momento en Asturias. Esta es la segunda condena de estas características que la agrupación consigue ganar. En la primera se obligaba a la entidad a reembolsar otros 75.000 euros a diez inversores.

La última sentencia, de un juzgado de primera instancia de Oviedo, asegura que los afectados no tenían los conocimientos financieros suficientes para contratar este tipo de productos y que se fiaron de la entidad y de sus empleados, desconociendo cuál era la situación real de la entidad. La magistrada María Fidalgo falló a favor de estos afectados basándose en los informes periciales elaborados por inspectores del Banco de España y en los que se asegura que Bankia alteró sus cuentas para dar una aparente imagen de solvencia que no era real. El banco también divulgó folletos asegurando que tenía unos beneficios de 309 millones de euros, cuando en realidad se encontraba en números rojos.

La Unión de Consumidores, que dirige Dacio Alonso, critica que la entidad financiera está tratando de "utilizar de forma torticera a los tribunales de Justicia, con el único fin de dilatar el pago de las indemnizaciones a los miles de víctimas a las que engañó cuando salió a Bolsa con las cuentas quebradas". La organización denuncia que Bankia alega que el pasado 25 de mayo finalizó el plazo para reclamar la nulidad de la compra de acciones. Sin embargo, después de esa fecha se han producido varias sentencias favorables a los consumidores.