Los patrimonios elevados son los que suelen tener acceso a los mecanismos más frecuentes para eludir el impuesto o aligerar la tributación (creación de empresas para acceder a bonificaciones, donaciones sucesivas en vida o cambios de domicilio hacia regiones con menor presión fiscal). Tales salidas no están al alcance de los contribuyentes de clase media, que también son mayoría entre los herederos cuyo grado de parentesco con el fallecido no es tan directo y que tributan en casi todos los casos. El 93% de los hermanos, tíos, primos, sobrinos o amigos que pagan por sucesiones en Asturias heredan por valor de menos de 150.000 euros. Ese grupo no tiene ni en el Principado ni en ninguna otra región bonificaciones relevantes y su factura se multiplica con unos coeficientes diseñados para gravar más el enriquecimiento patrimonial por herencia cuanto más alejado es el vínculo de sangre.
La reforma. El proyecto de Presupuestos Generales del Principado, pactado por el PSOE e IU y sujeto a negociación con Podemos, incluye una reforma del impuesto que alivia la carga tributaria de una parte de los contribuyentes, principalmente los afectados por el "error de salto" de la bonificación actual: quien siendo hijo, cónyuge o padre hereda 150.000 euros está exento, pero aquel que recibe 151.000 tributa desde el primer euro y paga 18.000. La solución elegida es una reducción de la base imponible para todos los contribuyentes de esos grados de parentesco, combinada con un cambio en la tarifa que, según enfatizaron fuentes de la Consejería de Economía, corrige el riesgo de que el beneficio sea mayor para quienes reciban herencias mayores, garantizando la progresividad del tributo (que quienes tienen un mayor aumento patrimonial, paguen más). El resultado favorece sobre todo a quienes tienen bases imponibles comprendidas entre 150.000 y los 400.000 euros, que son dos de cada tres parientes directos que tributan, según el Principado.
Pero el alivio de la presión fiscal del impuesto de sucesiones será modesto en términos globales. La Consejería de Economía estima que, siempre que se apruebe el proyecto presupuestario, los contribuyentes tendrán un ahorro anual de diez millones de euros. Y calcula además que podrá mantener la recaudación por encima de los 136 millones, al nivel de 2015. Por los plazos de liquidación (el impuesto se paga a los seis meses del fallecimiento), las primeras declaraciones bonificadas no llegarán hasta junio del próximo año, y la "tendencia" que llevan este año los ingresos sugieren que el Principado seguirá haciendo caja en 2016.
El envejecimiento y las bajas tasas de natalidad de Asturias empujan hacia arriba la recaudación, que se ha multiplicado además, según los sectores más críticos con el impuesto, por otros dos rasgos del tributo asturiano: los tipos de gravamen (de hasta el 36,5%, el más alto de España) y el procedimiento de valoración de los inmuebles, parte central de muchas herencias en una región donde más del 80% de los hogares son propietarios de sus casas. Según esta denuncia, los coeficientes que utiliza el Principado para calcular el llamado "valor real" de las viviendas (multiplicadores del valor catastral que varían por concejos) hacen a menudo que se supere el valor de mercado, más con la caída de precios de estos años. Según esa tesis, los posibles impactos de la crisis en la recaudación se habrían evitado hinchando las bases sobre las que pagan los contribuyentes. El Principado lo niega y atribuye a otras razones (el envejecimiento, las características de las herencias...) que en 2013 o 2014 la recaudación superase en más del 40% las de 2007 o 2006, en tiempos de furor inmobiliario.
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