Anulada la orden de la Comisión Europea que puso contra las cuerdas al naval asturiano

El Tribunal General de la UE considera legal el sistema español de ayudas a los astilleros, que estudian reclamar daños y perjuicios por valor de 2.500 millones

18.12.2015 | 04:17
Un barco en construcción en Astilleros Gondán, en Figueras.

El Tribunal General de la UE ha anulado la decisión de la Comisión Europea (CE) que a punto estuvo de hundir al naval asturiano. Los jueces consideran que el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversores en astilleros, el conocido como "tax lease", es legal y no constituye una ayuda de Estado que dé ventajas competitivas. La CE -que reclamaba a los inversores la devolución de las ayudas- no descarta recurrir la sentencia y la asociación que agrupa a los astilleros españoles estudia reclamar daños y perjuicios de 2.500 millones de euros porque la orden de Bruselas generó desconfianza y dejó en mínimos la cartera de pedidos de barcos.

"Estamos encantados con la sentencia", señaló el castropolense Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán y de la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), que al igual que la sociedad Lico Leasing y el Gobierno de España había recurrido la decisión de la CE. "La sentencia es importantísima para el sector naval asturiano y para el español. Demuestra, después de muchos años de lucha, que teníamos razón y nos permite recuperar la confianza de los inversores", añadió Platero. "Da la razón a los que hemos peleado tanto frente a algunos otros, especialmente el comisario socialista Joaquín Almunia, que en todo momento estuvieron defendiendo que era incompatible con la normativa comunitaria", afirmó la Ministra de Fomento, Ana Pastor.

El Sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF), también conocido como tax lease, comenzó a funcionar en España en 2002. Con este sistema -que utilizaba de intermediarios a agrupaciones de interés económico (AIE) y a sociedades de leasing, y permitía a las navieras la compra de buques de fabricación española con descuentos de entre el 20 y el 30%- se realizaron 273 operaciones de compraventa por 8.727 millones de euros. Con el "tax lease", los astilleros españoles comenzaron a competir en igualdad de condiciones con sus principales competidores, los holandeses, que también tenían sistemas parecidos de bonificación. Fueron precisamente los astilleros holandeses los que a partir de 2006 interpusieron varias denuncias ante la Comisión Europea, que en 2011 inició un procedimiento de investigación y en una decisión de 17 de julio de 2013 estimó que ciertas medidas incluidas en el SEAF constituían un ayuda estatal ilegal y eran parcialmente incompatibles con el mercado interior. Bruselas, que llegó a plantear que astilleros, navieras e inversores devolvieran hasta 3.000 millones de euros, ordenó finalmente que se recuperara la ayuda únicamente de los inversores que se hubieran beneficiado de las ventajas, valoradas en unos 150 millones.

A raíz de la investigación se produjo una situación de desconfianza e incertidumbre sobre el sector naval español que provocó una parálisis en la contratación de nuevos buques que puso contra las cuerdas a los astilleros asturianos. "En esa época se desviaron de España a Holanda la construcción de 50 barcos valorados en 2.500 millones de euros", señaló Álvaro Platero.

Contra la decisión de la Comisión Europea se presentaron 60 recursos y Gobierno de España, gobiernos autonómicos (como el de Asturias), patronal del sector y sindicatos presionaron en defensa de la legalidad del "tax lease". Ayer tuvieron repuesta. El Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la CE. El fallo niega la existencia de ayudas estatales ilegales. Los jueces consideran que no hubo ventajas económicas en favor de las agrupaciones de interés económico (AIE), que actuaban como intermediarias, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas. Además, el Tribunal señala que la Comisión también erró al declarar que existía una ventaja selectiva y, por tanto, una ayuda estatal en favor de las AIE y de los inversores, porque todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema. Por lo tanto, según la sentencia, el "tax lease" ni falseaba la competencia ni afectaba a los intercambios comerciales entre los estados miembros.

El Ministerio de Industria apuntó que la agencia Tributaria ya había iniciado trámites para cumplir la decisión de la CE, pero que no se llegó a concluir ningún procedimiento de devolución de ayudas. Patronal y sindicatos aplaudieron la sentencia. Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, afirmó que la asociación "estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español". Contra la sentencia cabe un recurso de casación y la CE la examinará para decidir "los potenciales pasos a dar", dijo la portavoz del ejecutivo europeo, Lucía Caudet.

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