Los astilleros asturianos han ganado la batalla legal del antiguo "tax lease", pero antes ya habían conseguido vencer la industrial al recuperar la actividad que perdieron por la desconfianza generada sobre el sistema de ayudas. Durante el pasado año, el naval asturiano firmó 11 nuevos contratos de construcción de barcos, casi tres veces más que en 2011, cuando se abrió la investigación de Bruselas que derivó en la reclamación de ayudas que anteayer anuló el Tribunal de Luxemburgo. Asturias y País Vasco han liderado la recuperación, mientras que Galicia no levanta cabeza y la actividad privada ha desaparecido en Andalucía y Comunidad Valenciana.

El sector naval español, escorado por la competencia de los países emergentes, recibió en 2008 el impacto de la crisis mundial, que redujo las contrataciones y aumentó las cancelaciones, y detrás llegó la polémica del "tax lease", que a punto estuvo de hundirlo. La investigación abierta por la Comisión Europea (CE), al detectar posibles ayudas de estado ilegales, originó en 2011 un desplome de las contrataciones, situándolas en mínimos históricos con tan sólo siete buques frente a los 25 de 2010, según el Ministerio de Industria. El Gobierno de España buscó una alternativa de financiación y en noviembre de 2012 la Comisión Europea aprobó el nuevo "tax lease", que entró en vigor en la normativa española en enero de 2013. Se trata de un nuevo régimen especial de los contratos de arrendamiento financiero que es común para otros sectores. Según fuentes de la patronal de astilleros Pymar, hasta septiembre de este año el nuevo "tax lease" se ha aplicado a una veintena de operaciones de 400 millones de euros.

Los astilleros asturianos y vascos son los que más han utilizado el nuevo "tax lease". El naval del Principado ha conseguido recuperar toda la actividad que tenía antes de la investigación de la CE. Es la única comunidad que lo ha logrado. Según datos del Ministerio de Industria, en 2010 los astilleros asturianos tenían una cartera de pedidos de 15 barcos que se redujeron a 9 al cierre de 2011, año en el que sólo se firmaron cuatro nuevos contratos de construcción de buques por la desconfianza generada por la investigación de las autoridades europeas. Con el nuevo "tax lease" y la búsqueda de nuevos mercados internacionales, los astilleros asturianos lograron cerrar 2014 con un total de 11 nuevos contratos -casi tres veces más que en 2011- y con una cartera de 19 pedidos, por encima de la que había antes de que estallara la polémica de las ayudas.

Los especializados astilleros asturianos lograron un triunfo en la batalla comercial y esta semana han conseguido la victoria en la legal. El Tribunal General de la UE anuló el jueves la decisión de la CE que reclamaba a los inversores la devolución de los beneficios fiscales obtenidos con la financiación de compraventas de barcos y confirmó que el antiguo "tax lease" no constituía una ayuda de Estado.

Compensaciones

El presidente de la patronal Pymar y de Astilleros Gondán, el castropolense Álvaro Platero, señaló que la sentencia "es importantísima" para recuperar definitivamente "la confianza de los inversores". Los astilleros asturianos recuperaron la actividad pero no olvidan que en 2011 estuvieron a punto de irse a pique y del lucro cesante de esa época. Platero destacó que las denuncias ante la CE, "una canallada", partieron de los astilleros holandeses, los principales competidores de los españoles en la fabricación de buques offshore de apoyo a plataformas petrolíferas y parques eólicos marinos. Según los informes de Clarksons, empresa líder en el transporte marítimo mundial, el naval de España pasó de contar con 27 buques de ese tipo en cartera en 2010 a solo 8 en 2014, mientras que el de Holanda disparó su cartera al pasar de 7 en 2010 a 55 en 2014. "Esos casi medio centenar de barcos que ganó Holanda, valorados en 2.500 millones de euros, podrían haberse construido en España si no hubiera surgido la polémica del tax lease", afirmó Platero, que añadió que los buques offshore es una especialidad del naval asturiano.

El director general de Industria, Luis Ángel Colunga, señaló que el Principado valorará, junto con la patronal Pymar y el resto de comunidades afectadas, la posibilidad de presentar una reclamación por daños y perjuicios. "Durante este proceso han cerrado muchos astilleros (seis en España), se ha perdido mucho empleo y los que continuaron abiertos han tenido muchas dificultades", subrayó Colunga. Los sindicatos también reclaman compensaciones. "España tiene que pedir que se resarza al sector naval por todas la lesiones que se han originado durante este tiempo", afirmó Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT Asturias. "El sector naval en Asturias sufrió una parálisis con efectos demoledores", señaló Manuel Pérez Uría, secretario de Política Industrial de CC OO de Asturias.