Al menos cincuenta empresas y cuatro personas físicas de origen asturiano o con una vinculación singular a la región forman parte de la primera lista de morosos que publica la Agencia Tributaria como parte de las políticas para combatir el fraude fiscal. Esos contribuyentes ligados a Asturias acumulan deudas que rondan los 320 millones de euros, la mayoría de ellos correspondientes a Nozar, el grupo constructor de la familia astur-mexicana Nozaleda, que encabeza junto a la también inmobiliaria Reyal Urbis el ranking de los principales deudores en toda España. Promotoras y constructoras concentran el mayor número de sociedades señaladas dentro y fuera de Asturias, a menudo negocios quebrados o en fase de liquidación.

La lista completa de morosos está formada por 4.855 contribuyentes que acumulan deudas con la Agencia Tributaria por 15.600 millones de euros, tanto como cuatro veces los Presupuestos del Principado. Se trata de 4.510 personas jurídicas (empresas y otro tipo de sociedades, como clubes de fútbol y baloncesto y alguna ONG) y 345 personas físicas. El 42% de la deuda (8.834 millones) corresponde a empresas en concurso de acreedores o en liquidación, circunstancia que, como destacó el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha hace muy difícil su cobro.

Según el criterio de esa organización, la relación conocida ayer únicamente representa el 30% de la deuda total que la Agencia Tributaria tiene por cobrar. El criterio utilizado para elaborar la lista supone que sólo se identifica a las sociedades o personas que a una fecha determinada (en este caso, el 31 de julio pasado) tienen pendientes de pago deudas o sanciones que superan el millón de euros. La lista es un documento de 93 páginas donde Hacienda aporta el nombre de la empresa o individuo deudores y su número de identificación fiscal. Los 4.855 nombres aparecen por orden alfabético y con la cantidad que estaba pendiente de pago en la fecha indicada.

Los tres contribuyentes con deudas de mayor dimensión son, por orden, las promotoras inmobiliarias Reyal Urbis (378 millones), Nozar (203 millones) y Grupo Prasa (101,8 millones). En los tres casos se trata de sociedades que están en concurso de acreedores. Nozar es la promotora de la familia Nozaleda, una estirpe de empresarios liderada por Luis Nozaleda que es originaria del concejo asturiano de Cabranes. Tras hacer fortuna en México, el grupo entró con fuerza en España en los negocios de la vivienda, el turismo y el vino, entre otros. El estallido de la burbuja inmobiliaria condujo a Nozar a la suspensión de pagos hace más de cinco años.

El segundo contribuyente asturiano con una deuda de mayor cuantía (13 millones de euros) es la inmobiliaria La Amistad, con sede en Oviedo y cuyos responsables fueron procesados por fraude tributario. El total de empresas de la región relacionadas con la construcción y la promoción residencial que figuran como morosos supera la veintenta. Entre ellas están Residencial Vegasol, con base en Gijón y propiedad de José Antonio Aguilera, que fueron accionistas cualificados de Duro Felguera. Su deuda ronda el millón y medio de euros.

Y también está Jovellanos XXI, sociedad participada por los grupos Cosmen y Lago, promotora y concesionaria del Palacio de Congresos de Oviedo. La Agencia Tributaria le imputa 1,19 millones de deuda. Aparece asimismo la sociedad Fomento Inmobiliario Asturiano, compartida por el grupo Mall y Realia y que rehabilitó el edificio de la Jirafa en Oviedo. Debe dos millones de euros.

El sector minero también tiene una presencia considerable. Deben a Hacienda tres de las compañías privadas que en las últimas décadas explotaron yacimientos en Asturias: Incomisa (3,8 millones), Coto Minero Jove (4,2 millones) y Coto Minero Cantábrico (3,7 millones). Aunque con sede fuera de Asturias, esta última compañía, que perteneció al empresario leones Victorino Alonso, ha tenido explotaciones de carbón subterráneas y de cielo abierto en Cerredo (Degaña). Coto Minero Jove (conocida como Jovesa) fue propiedad del también empresario minero Rodolfo Cachero, que tiene pendiente un juicio penal por fraude fiscal presuntamente cometido en Jovesa entre 2002 y 2004.