El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cerrado la investigación contra los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las llamadas "tarjetas black" (opacas y al margen del control de Hacienda) y ve indicios de delito para juzgar al gijonés Rodrigo Rato y a Miguel Blesa, expresidentes de estas dos entidades, y a otros 64 beneficiarios de las controvertidas tarjetas. Además de Rato, entre los procesados hay otros tres asturianos que formaron parte del consejo de estas entidades: Estanislao Rodríguez-Ponga, antiguo secretario de Estado de Hacienda, que gastó 255.372 euros; María Enedina Álvarez Gayol, exdiputada socialista afincada en Madrid, que dispuso de 47.012 euros, y José Manuel Fernández Norniella, mano derecha de Rato y exsecretario de Estado de Hacienda, a quien se le atribuyen compras con la tarjeta por 185.226 euros.

Andreu concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los consejos de administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos) y de apropiación indebida en el resto de directivos que las utilizaron. En su auto, asegura que el uso de las tarjetas "no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos ligados con actividades profesionales, por lo que las cantidades dispuestas mediante su uso deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que no tenían soporte contractual ni eran declaradas a la Hacienda Pública".

Los directivos de Caja Madrid primero y luego de Bankia cargaron entre 2003 y 2012 algo más de 15,5 millones de euros en gastos personales mediante el uso de las "tarjetas black". En su investigación judicial, iniciada en octubre de 2014, Andreu afirma que hay indicios de que los plásticos se emitieron "fuera del circuito normal", y que se convirtieron en un sistema que escapaba al control de la Agencia Tributaria. Sus titulares no tenían que justificar los cargos que realizaban ni cuando retiraban dinero de un cajero automático. Además, los consejeros y ejecutivos disponían de otra tarjeta más, ésta sí, destinada a sus gastos de representación.

En concreto, el juez Andreu señala en su auto que la entrega de estas tarjetas "se convirtió en una remuneración irregular, de forma que, con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía, y todo ello teniendo en cuenta que, según informa Bankia, junto a éstas los consejeros y ejecutivos disponían de otras tarjetas de empresa".

El auto reproduce las cantidades percibidas por cada uno de los miembros del consejo y de la comisión de control. El que más tiró de tarjeta fue Antonio Moral Santín, consejero propuesto por Izquierda Unida, que gastó 456.522 euros. En la lista también figuran sindicalistas como Francisco Baquero, de CC OO, y Rodolfo Benito, de UGT, así como el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán.