El próximo mayo hará diez años que los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska ordenaron la intervención de dos sociedades de inversión en bienes tangibles, sobre todo sellos. Eran Forum Filatélico y Afinsa. Las investigaciones por presuntos fraudes echaban por tierra negocios que llevaban en marcha desde 1980 y ponían contra las cuerdas los ahorros de miles de españoles. La cúpula de Afinsa, formada por catorce directivos, se sienta estos días en el banquillo, acusada de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros. El fiscal pide para ellos entre dos y diecinueve años de cárcel y les acusa de haber dilapidado dos mil millones de sus clientes. En Asturias hay unos 3.000 afectados que, atraídos por las altas rentabilidades que se ofertaban, habían invertido su dinero en sellos.
Los ahorradores aún tienen esperanzas de poder recuperar parte de su dinero, aunque el tiempo pasa y sigue sin aparecer. El abogado asturiano Luis Álvarez Barro, que representa a la plataforma regional de afectados (Acupa) junto a Javier Egocheaga, asegura que las liquidaciones de la compañía tan solo ha permitido recuperar un 5% de lo que los clientes habían invertido. Una gota en un océano, ya que muchos habían colocado en los sellos de Afinsa los ahorros de su vida.
El juicio, que comenzó en noviembre tras más de nueve años de espera, abre una nueva esperanza para muchos de ellos. Al menos para depurar responsabilidades, ya que las estimaciones más optimistas, señalan los abogados, sugieren que los damnificados podrán recuperar un 30% de lo invertido como mucho.
Hasta ahora, uno de los platos fuertes de las declaraciones en sede judicial ha sido la del expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano. El encargado de la empresa filatélica negó que maquillara las cuentas y defendió a capa y espada la solvencia de la entidad. Por contra, achacó la quiebra a la intervención de la propia Justicia. Es una tesis que defiende también un importante número de los afectados que acusan a la Audiencia Nacional de haber intervenido la compañía sin ninguna base y de haberla dejado caer sin ofrecer ninguna alternativa a los ahorradores. El resto está más por las tesis de la Fiscalía, que defiende que la dirección de la empresa había urdido una estafa piramidal.
"No se maquillaron las cuentas, el negocio era solvente", aseguró Cano, para el que se piden 19 años de cárcel ante el tribunal que preside la jueza Manuela Fernández Prado. También defendió que la compañía solo se dedicaba a comprar sellos que luego vendía a sus clientes abonándoles unos anticipos, no intereses, con cargo a los recursos propios de la compañía y no del dinero que entraba de los nuevos ahorradores.
La misma línea argumental defiende el antiguo contable de la compañía Emilio Ballester. En una de las últimas vistas del juicio, hace aproximadamente una semana, aseguró que el negocio de la extinta Afinsa "no se puede considerar una estafa piramidal porque se entregaban bienes en la venta". También resaltó que la empresa estaba inmersa en una actividad mercantil y que los sellos "no son activos financieros como cree la fiscal". El Ministerio público pide para él 13 años de prisión. Para apoyar su defensa, los directivos de Afinsa han aludido en varias ocasiones del juicio a un informe elaborado por el Banco de España y fechado en 2007 (unos meses después de la intervención), en el que se asegura que Afinsa estaba llevando a cabo "un negocio recogido por el Código de comercio". Lo que en principio supondría un espaldarazo a los "criterios contables y fiscales" que se siguieron durante la actividad de la compañía.
Pero el fiscal Alejandro Luzón no lo ve del mismo modo. Basándose en las indagaciones que durante meses llevó a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Luzón sostiene que la empresa filatélica había creado una sistema de pagos de "contabilidad en B". Y considera que la entidad había tejido una "estafa piramidal" que tenía el objetivo de "captar de forma masiva" inversores, que fue lo que le llevó a crear un tremendo agujero negro en sus cuentas calculado en unos dos mil millones.
El juicio se reanudará el 19 de enero, y podría durar varios meses más.
