Asturias ha perdido más de 4.500 empleos públicos desde que en 2010 comenzaron a aplicarse en España medidas enérgicas para reducir el gasto del Estado. Ese ajuste se ha concentrado en las plantillas de los ayuntamientos y en las delegaciones territoriales de la Administración central, que en el último año continuaron reduciendo efectivos. En cambio, el Principado tiene un nivel de empleo (36.442 personas) análogo a los anteriores a la crisis, tras encadenar aumentos de personal en 2014 y 2015.
La última edición del "Boletín del personal al servicio de la Administración Pública", editado por el Ministerio de Hacienda, indica que en julio 2015 el conjunto de la Administración española tenía 2.542.787 trabajadores (funcionarios y de régimen laboral), unos 20.000 más que un año antes. El balance comprende el personal de la Administración central (incluidos organismos y empresas públicas), comunidades autónomas (sin contar empresas y contratos eventuales inferiores a seis meses), ayuntamientos y universidades.
Tales cuentas informan también de que durante el último lustro la Administración española ha reducido 137.432 puestos de trabajo, la mitad de ellos en las autonomías, a través de mecanismos de ajuste que, con distintas intensidades, se aplicaron a partir de 2009. En ese año, el Gobierno entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tomó las primeras medidas para actuar sobre la llamada tasa de reposición, la proporción de puestos vacantes (por jubilación u otros motivos) que se cubre de manera estable. En 2009, esa tasa se bajó al 30% y en los ejercicios siguientes al 15% y al 10%. Esto es, sólo se podía incorporar un empleado público por cada diez jubilaciones. Tras la llegada del PP a la Moncloa, los recortes se intensificaron y de nuevo a través de la tasa de reposición. Sobre el papel, entre 2012 y 2014 quedó vetada la incorporación de nuevo personal salvo para los servicios considerados básicos (sanidad, educación, inspección tributaria y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado). Al mismo tiempo, la instrucción para todas las Administraciones fue que sólo se contrataría personal temporal en casos "excepcionales, urgentes e inaplazables".
Bajo esas reglas, el sector público asturiano pasó de 62.205 empleados en 2010 a 56.972 en 2013. En julio de 2014 subió a 57.689 y en el año siguiente se mantuvo prácticamente estable (57.642). El ajuste no ha sido homogéneo, concentrándose los mayores recortes en el personal de la Administración central, que en Asturias se redujo el 17% en el período 2010-2015, y en los ayuntamientos, con una caída del empleo del 21%. Los concejos asturianos redujeron en esos años 2.540 puestos de trabajo.
El Principado encajó un ajuste mucho menos severo. Hasta el punto de que, según los referidos datos del Ministerio de Hacienda, la autonomía tenía 36.422 trabajadores públicos en julio de 2015, más de los que había en 2009 y 2010. La plantilla regional marcó su mínimo en 2013, con 34.918 empleados. Desde entonces, ha ganado 1.500. Asturias fue, junto al País Vasco y La Rioja, una de las tres únicas comunidades que ganaron trabajadores públicos autonómicos entre 2014 y 2015.
