Los inversores y los empresarios, que hasta ahora habían seguido con cierta incredulidad el proceso catalán de desconexión, han despertado de golpe. El índice de confianza empresarial de Cataluña -uno de los más robustos de España- ha caído en el arranque de este año el 2,7%, el doble de la media nacional, que se situó en el 1,3%. Además, la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 8.000 empresarios -más de 800 catalanes- muestra que en comunidades autónomas como Madrid incluso mejoran las proyecciones de negocio para este año pese a la incertidumbre política por los resultados de las últimas elecciones generales.
La caída de la confianza empresarial en Cataluña -después de tres años de crecimientos continuados al compás de la recuperación económica- es el primer efecto estadístico de las nuevas tensiones separatistas. Un aviso al nuevo Ejecutivo de Carles Puigdemont de lo que puede estar por venir si sólo se preocupa de conquistar la independencia.
El Govern parece que se olvida de que Cataluña se financia desde 2012 gracias a la respiración asistida que le proporciona el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la línea de crédito creada por el gobierno español para que las comunidades no tengan que financiar su deuda en los mercados. Si quiere desprenderse de ese salvavidas, la confianza que logre generar es un factor clave para no ahogarse.
Hace un mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisó de que la deuda de la Generalitat de Cataluña puede volverse "insostenible" sin los mecanismos de financiación del Estado. Su advertencia se sustentaba en el "stock" inicial de deuda, la previsión de incumplimiento de los objetivos de déficit de 2015 y 2016, las posibles tensiones de liquidez a corto plazo y la calificación crediticia, que está muy vinculada a los termómetros de confianza.
Con una venda en los ojos para no ver las debilidades económicas, Carles Puigdemont no ha dudado en ceder ante los anticapitalistas de la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) y dar el visto bueno a un plan de choque social de 1.000 millones de euros -destinados principalmente a la renta mínima de inserción y al incremento de los gastos en educación, sanidad y dependencia- que de momento nadie sabe cómo se va a costear. Incluso en la hoja de ruta pactada por Junts pel Sí con la CUP para mantenerse en el poder se fija el objetivo de alcanzar un salario mínimo catalán "de acuerdo con los estándares que define la Carta Social Europea" equivalente al 60% del salario medio, lo que supondría unos 1.000 euros mensuales. Lo que no se explica es si será la endeudada Generalitat la que aportará el plus o repercutirá directamente en los, cada vez más, desconfiados empresarios catalanes.
