Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha avalado la gestión de cursos de formación de UGT de Asturias y obliga a la Consejería de Empleo del Principado a abonar al sindicato casi 526.000 euros correspondientes a una subvención que le había retirado. El fallo llega cuando la fundación que gestionaba los cursos, IFES Asturias, está prácticamente desmantelada por los recortes y los cambios de regulación de las ayudas y cuando aún está reciente la denuncia que presentó la Fiscalía contra el sindicato por un presunto fraude en las subvenciones de formación. "La sentencia deja claro que UGT hace bien las cosas y ahora vamos a reclamar a la Administración daños y perjuicios porque se ha lesionado la imagen de la organización y su credibilidad", señaló ayer Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT Asturias.
El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo estimó el recurso presentado por UGT contra una resolución de la Consejería de Empleo que anulaba la concesión de 525.988 euros al sindicato para la celebración de cursos de formación. El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) había convocado subvenciones públicas para 2013 procedentes del Fondo Social Europeo con destino a la realización de acciones de formación para jóvenes de menos de 30 años y colectivos con dificultades de inserción. En la primera propuesta de resolución, Empleo concedió a UGT una subvención de 785.089 euros, pero posteriormente la rebajó a 259.089 euros tras reducirle la puntuación al considerar que en la convocatoria de ayudas de 2010 (de referencia para analizar la gestión) había cometido una falta grave al no acreditar la celebración de un curso subvencionado.
El Principado sostenía que UGT no había comunicado el inicio del curso a la empresa pública SERPA, que se encargaba del seguimiento, y que por ello se obstaculizaba el control. Sin embargo el sindicato argumentaba que el curso se había celebrado y que lo había notificado a través del conducto reglamentario: la plataforma informática Sintrafor. La disputa llegó ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, que en su sentencia señala que en los informes de la Administración consta la autorización del inicio de la actividad y que "el SEPEPA tenía cabal conocimiento del inicio del curso". Por ello estimó el recurso, reconoció el derecho del sindicato a que le fuera reconocida la puntuación inicial en la convocatoria de ayudas de 2013 y la cuantía de concesión de 785.089 euros, de los que ya le dio 259.100 euros.
"Que se devuelva el dinero ya importa poco. Lo grave es que se ha creado un aureola de animadversión hacia el sindicato que hace que se sobreactúe en el control. La fundación que gestionaba los cursos prácticamente ha desaparecido y se ha quedado gente en la calle. ¿Como nos resarcen ahora?", preguntó Justo Rodríguez Braga, que anunció la presentación de una demanda a la Administración por responsabilidad patrimonial.
