La Fundación Impuestos y Competitividad, que reúne a ocho grandes bufetes jurídicos que operan en España, apuesta por suprimir formal y definitivamente el impuesto de patrimonio y mantener el tributo de sucesiones, aunque con cambios de calado.
La fundación aboga por reformar el gravamen de sucesiones y donaciones, regulando mediante normativa estatal de obligada aplicación los aspectos estructurales del tributo. En concreto, propone eliminar o reducir algunos beneficios fiscales (menos los concedidos a la empresa familiar) y establecer un mínimo exento más alto para compensar estas supresiones.
Además, apuesta por sustituir la tarifa progresiva del impuesto por tipos proporcionables aplicables a cada grupo de parentesco, reduciéndolos a la familia nuclear (cónyuges, ascendientes y descendientes), familiares hasta el cuarto grado y resto de herederos. Para reducir las grandes diferencias de tributación que existen entre las regiones, se plantea aplicar un mínimo en todas ellas, con tipos fijos muy reducidos sobre las transmisiones entre miembros de la familia nuclear e inferiores al 15% en los demás casos. Las regiones podrían aumentar el tipo de gravamen hasta un máximo que no debería superar el 5% en relación con la familia nuclear.
El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2008 y restituido de nuevo por el mismo Ejecutivo para los ejercicios 2011 y 2012 dada la caída de la recaudación provocada por la crisis, con un nuevo mínimo exento de 700.000 euros.
El tributo, que en teoría debería haber desaparecido en 2013, fue prorrogado por el PP. Un grupo de expertos propuso su eliminación cuando el Gobierno le pidió un informe para abordar la reforma fiscal. La Fundación Impuestos y Competitividad aboga por la supresión, aunque también propone, para el caso de que se mantenga, que el tipo marginal se rebaja y no supere 1,5%, a cambio de reducir las exenciones e incentivos fiscales.
La referida fundación está formada por los despachos Baker & McKenzie, Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, Deloitte Abogados, Ernst & Young Abogados Garrigues, KPMG Abogados, PwC Tax & Legal Services y Uría Menéndez.
