Du Pont, la compañía química estadounidense con un emplazamiento fabril y de servicios en Tamón, y que prevé culminar este año su fusión con su competidor Dow Chemical, cree que las autoridades de la Competencia no impondrán desinversiones significativas de activos y negocios para autorizar la concentración de ambos gigantes de la industria química.
El presidente y consejero delegado de Du Pont, Edward Breen, aseguró a Reuters que, pese al tamaño de ambas multinacionales, existen pocos redundancias entre ambos grupos que puedan determinar posiciones de dominio restrictivas del libre mercado. Algunos analista apuntaron, no obstante, que podría haber algunas exigencias regulatorias en el caso del negocio agrícola, en el que ambos grupos operan con la producción de fungicidas, semillas transgénicas y otros productos.
Du Pont sigue adelante con su plan de reducción de costos previo a su fusión con Dow, prevista para el último trimestre. Este plan de austeridad, cuantificado en 700 millones de dólares en diciembre, podría alcanzar los 730 millones (670,12 millones de euros al cambio actual), según las últimas cifras que se han difundido en Delaware, sede matriz de Du Pont. Este plan, que conllevará la supresión de 5.300 empleos (el 10% de los recursos humanos de Du Pont en el planeta), tendrá un impacto bajo en las instalaciones Asturias. Du Pont, que tiene 1.200 empleados en Tamón, podría reducir su plantilla en 8 ó 10 personas en el Principado, según dijo el jueves en Oviedo el director de Du Pont en España, Enrique Macián.
El despido de 200 científicos del centro de investigación de Du Pont en Wilmington en aras al recorte de costes ha suscitado una importante controversia. Algunos analistas consideran que puede cercenar la capacidad de generación futura de patentes de una compañía que hizo de sus grandes hallazgos e innovaciones el fundamento de sus 193 años de éxito. Éste fue uno de los grandes argumentos utilizados en los últimos dos años por la anterior presidenta y consejera delegada de Du Pont, Ellen Kullen, para rechazar los ajustes exigidos por el accionista crítico Nelson Peltz. Edgard S. Woolard, el expresidente de Du Pont que aprobó su instalación en Asturias en 1989, expresó también su preocupación por la decisión.
