UGT de Asturias estudia demandar a la Administración asturiana por "daños a su honestidad y a su imagen", después de conseguir una sentencia favorable a los intereses del sindicato en una convocatoria de subvenciones para formación en 2013, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Oviedo avaló la gestión de cursos de formación de UGT de Asturias y obliga ahora a la Consejería de Empleo del Principado a abonar al sindicato casi 526.000 euros correspondientes a una subvención que le había retirado porque entendía que la organización había cometido una falta grave al no haber acreditado la celebración de un curso subvencionado. Con el fallo judicial, queda patente que sí se había hecho.

No es el único contencioso entre el sindicato y el Principado. El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, se mostró ayer optimista de la resolución del pleito presentado por el sindicato contra la revocación del Principado de otro expediente sobre subvenciones que, a su juicio, UGT actuó de forma legal.

"No puede ser que uno se presente a una convocatoria, consiga la ayuda porque se aprueba su proyecto y que después, de manera unilateral, se cambien las reglas del juego. Y eso es lo que está ocurriendo", afirmó Rodríguez Braga.

Añadió el dirigente ugetista que se ha creado una "psicosis que ha provocado que las revisiones sobre las ayudas concedidas al sindicato vayan más allá del procedimiento habitual". Y afirmó que hay "excesos de celo que crean alarma social, y no se mide a todo el mundo por el mismo rasero, lo que provoca injusticias".

Rodríguez Braga también señaló que "es normal" que el Principado se persone en la investigación judicial por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas realizada a través de la fundación IFES. "Le piden papeles y está concernido en el caso", señaló.