La juez María Luisa Llaneza y el fiscal Gabriel Bernal interrogaron hoy al responsable en Asturias del Instituto de Estudios y Formación (IFES), fundación de UGT que organiza los cursos de formación, acerca de la presunta falta de justificación de gastos por valor de entre 400.000 y 500.000 euros que IFES cargó a las subvenciones recibidas del Principado entre 2010 y 2014.

Las primeras diligencias del Juzgado de instrucción número cuatro de Oviedo que lleva el caso de los cursos de UGT se han centrado en las discrepancias que existen entre los alquileres que una sociedad de UGT, Localmur, pagaba a los propietarios de los locales donde se impartían las aulas y los gastos que esa empresa cargaba a IFES para luego repercutirlos en las subvenciones.

La Fiscalía sospecha que se imputaban así sobrecostes para utilizar el dinero en la financiación de la estructura de UGT. Sin embargo, el director de IFES en Asturias, Andrés de Dios, defendió ante la juez que todos los gastos están justificados y que las diferencias observadas por el fiscal obedecen a que Localmur alquilaba a IFES no los locales vacíos, sino las aulas equipadas de acuerdo con los requisitos homologados por el Principado. Esto es, que se repercutían costes como el equipamiento de ordenadores, mobiliario o mantenimiento.

Ayer estaba previsto que declararan tres personas como investigadas por los curso de UGT en Asturias, pero finalmente sólo se produjo la declaración de Andrés de Dios. El interrogatorio de la administradora de Localmur, María Jesús Ocaña, quedó aplazado. Asimismo, se decidió que no es necesario en este momento que declare un representante legal de UGT. Inicialmente estaba citado Abel Suárez, secretario general del sindicato en Asturias. Francisco Alonso, abogado del sindicato, celebró esta decisión y afirmó también que la denuncia sobre los cursos parte de antiguos trabajadores de UGT que actuaron, dijo, "por despecho".