Las primeras diligencias del Juzgado de instrucción número cuatro de Oviedo para investigar un presunto fraude en los cursos de formación de UGT están centradas, como quedó patente ayer, en determinar si dos empresas vinculadas al sindicato (Localmur y Infastur) y su fundación IFES utilizaron un procedimiento para elevar de manera artificiosa los costes que se cargaban a las subvenciones del Principado. Los abogados del sindicato y de IFES consideran que ayer se aportaron argumentos y documentación que desmontan las existencia de sobrecostes. En cambio, la denuncia del fiscal señala que, supuestamente, se hincharon las facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaron las clases en una cantidad cercana a los 500.000 euros.

La juez María Luisa Llaneza tomó ayer declaración, durante más de dos horas, a Andrés de Dios Suárez, responsable territorial del Instituto de Formación y Estudios (IFES), organización que se ocupa en toda España de la gestión de los cursos de UGT para trabajadores ocupados y desempleados. La duración del interrogatorio obligó a aplazar la comparecencia de María Jesús Ocaña, administradora de Localmur, empresa vinculada a IFES y que le alquila los locales. La juez decidió además suprimir la citación de Abel Suárez, secretario de organización de UGT-Asturias, que iba a comparecer como representante legal del sindicato en calidad de investigado, al igual que Suárez y Ocaña. Las diligencias afectan por tanto a IFES y a las sociedades ligadas a la propia fundación y a UGT, aunque no de forma directa a la central.

Esa última decisión fue valorada por Francisco Alonso, abogado de UGT, como una primera victoria de las tesis del sindicato. "Queda acreditado que la UGT no tiene nada que ver aquí, hasta tal punto que ni siquiera ha tenido que declarar su representante legal", manifestó el letrado. Indicó además que la investigación judicial se ceñirá a las subvenciones de formación recibidas por IFES entre 2010 y 2014.

La denuncia del fiscal Gabriel Bernal aprecia indicios de delito de fraude de subvenciones (penado con entre 1 y 5 años de cárcel) y de falsedad documental (entre 6 meses y 3 años) al identificar en los años citados aparentes sobrecostes cargados a las subvenciones que suman entre 400.000 y 500.000 euros repartidos así: unos 230.000 correspondientes a la convocatoria de subvenciones de 2010, 170.000 de 2011 y cifras menores de los dos ejercicios siguientes.

Esas cantidades corresponden a las diferencias que el fiscal observó entre las rentas que los propietarios de los locales le cobraban a Localmur y los precios que por el alquiler de aulas factura esta sociedad a IFES, que además figura como uno de sus accionistas. IFES cargaba luego esas facturas a las subvenciones de la Consejería de Empleo del Principado. El ministerio público sospecha que ese dinero era desviado a financiar gastos de la estructura (nóminas y otros) de UGT ajenos a la formación.

Tras la declaración de Andrés de Dios Suárez, su abogado, Eliseo Mateos, y el que representa a UGT-Asturias, Francisco Alonso, afirmaron que la denuncia del fiscal parte de un error: "Confunde dos conceptos claramente distintos: el alquiler de un local vacío con el alquiler de un aula equipada", expuso Alonso a los periodistas. La versión de UGT es por tanto la siguiente: los costes repercutidos no estarían hinchados porque comprenden, además de la renta del inmueble, el gasto en equipos informáticos, materiales consumibles, mobiliario...El director de IFES presentó ayer documentos para apuntalar esa tesis. "Se han justificado todas y cada una de las facturas", dijo su abogado. En marzo declararán como testigos los propietarios de tres de los locales usados para las clases.