La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado a otras cinco compañías asturianas del hormigón y productos relacionados (Juan Roces, Hormigones del Sella, Panelastur, Essentium Hormigones y Hormigones Nalón) el expediente sancionador abierto en julio a siete fabricantes, distribuidores y comercializadores del sector en Asturias y territorios próximos por posibles conductas anticompetitivas.
Con ello son ya doce los grupos asturianos del sector sobre los que se realizan indagaciones por posibles prácticas cartelizadas. Las otras siete sociedades que ya estaban siendo investigadas son Fábrica de Hormigones Industriales (FHISA), Hanson Hispania, Hormigones Pelayo, General de Hormigones, Hormigones La Estrella de Olloniego, Horavisa, y Lafarge Áridos y Hormigones.
Los comportamientos que se investigan consistirían en un presunto reparto de mercado mediante acuerdos de fijación de precios o de intercambio de información comercial sensible en los mercados, lo que violaría el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia.
Las inspecciones
El expediente se puso en marcha tras las inspecciones realizadas el 20 y 21 de enero de 2015 en las sedes de diferentes empresas que operan en el mercado de hormigón, cemento y productos relacionados. Ahora se ha ampliado la nómina de sociedades que pudieran haber participado en prácticas colusivas y restrictivas de la competencia tras haber constatado durante la instrucción del expediente, según dijo ayer la CNMC, "indicios racionales de la participación" de otras cinco compañías en posibles acuerdos para repartirse el mercado y para no competir en precios.
El órgano regulador de los mercados reiteró ayer, como ya había hecho el pasado verano, que "la incoación" del expediente sancionado "no prejuzga el resultado final de la investigación".
La CNMC dispone de un máximo de 18 meses desde la apertura del expediente para su resolución. El plazo vencerá en enero. La investigación de los cárteles constituye una de las actuaciones prioritarias de la CNMC por sus consecuencias para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
