El gijonés Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, prestó declaración ayer por tercera vez ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, en un sumario secreto por posibles delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales relacionados con irregularidades en su patrimonio: la posesión de una fortuna de al menos 7 millones euros en paraísos fiscales, cuyo origen se investiga, y la supuesta evasión fiscal de 2,5 millones. Rato, tras declarar ante el juez, reiteró a la agencia Efe que todas sus actividades profesionales han sido "legítimas y lícitas" y que así se lo expresó "una vez más" a la fiscal y al juez que investigan el origen de su patrimonio.
Este proceso judicial (que es uno de los cinco que pesan sobre Rodrigo Rato) surgió tras la localización de una fortuna oculta en el exterior, y que el político atribuyó a un origen familiar.
La investigación sobre su patrimonio se desencadenó cuando el Banco de España alertó de que Rato había comenzado a recibir, a partir de 2012, "importantes transferencias de dinero", que ascienden a al menos siete millones, desde seis paraísos fiscales, según Europa Press.
La denuncia original de la Fiscalía detalla que Rato recibió, en concreto, 1.518.017 euros en 2012 y 1.259.305 en 2013, procedentes de "cuentas corrientes en las que tenía poder de disposición" en Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.
Además, la sociedad mercantil Kradonara, propiedad de Rato, y que las investigaciones sitúan en el centro de la compleja trama societaria de la que Rato es responsable último, percibió también transferencias desde el extranjero por importe de 4,6 millones de euros. En concreto Kradonara ingresó 1,7 millones en 2011 con origen Gibraltar, 1,4 millones en 2013 desde el Reino Unido y Luxemburgo y 1,5 en 2013 desde los mismos países.
Rato también ocultó al fisco el dinero percibido por los servicios profesionales de asesoramiento prestados a Telefónica (307.627 euros) y que facturó a través de Kradonara.
El aviso del Banco de España fue lo que desencadenó la detención de Rato el año pasado por agentes de Aduanas tras las pesquisas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
El ex director del FMI y ex vicesecretrario del PP permaneció en el juzgado siete horas. Rato fue increpado a la puerta de los juzgados por preferentistas que perdieron su dinero por la crisis de Bankia.
El juez también tomó declaración ayer a otras cinco personas por el mismo asunto (tres como investigadas y dos como testigos), entre ellas la hermana de Rato, María Ángeles, y al abogado y supuesto testaferro del político, Domingo Plazas.
Rodrigo Rato Figaredo y su hermana María de los Ángeles. junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson (viuda de Ramón Rato Figaredo, ya fallecido), controlan una compañía (Naviera del Pilar) que, según la ONIF, no es más que una sociedad opaca "que muy probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros".
Tras tomar declaración a las seis personas que fueron convocadas, el juez, que mantiene la situación de secreto judicial, no dictó ninguna medida cautelar adicional a las ya tomadas: el 7 de octubre, el juez retiró el pasaporte al ex vicepresidente segundo y ministro de Economía en los Gobiernos de José María Aznar.
Varios medios volvieron a apuntar ayer a que el chalé que Rato construyó en Gijón pudo ser financiado con comisiones ilegales cobradas por el político mientras presidió Bankia (otro de los sumarios abiertos). El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya consideró en octubre que la edificación pudo haber sido costeada con ingresos ilícitos.
Dos primos de Rodrigo, los navieros gijoneses Juan y Gonzalo Figaredo, asumieron el pago de 13.330 euros mensuales por la hipoteca y créditos de Rato mientras éste tuvo embargadas sus cuentas bancarias por el juez, informó Europa Press.
