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CARLOS SEBASTIÁN | Catedrático de Economía, autor del libro "España estancada"

"El clientelismo de la política española limita poderosamente a los emprendedores"

"La forma de ejercer el poder nos ha hecho perder calidad democrática, inclusión social y eficiencia económica"

Carlos Sebastián.

Carlos Sebastián Gascón (Madrid, 1944), catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene en su libro "España estancada" que el país apenas ha avanzado en eficiencia productiva desde principios de los años 90 del pasado siglo y señala que la raíz del problema es política: una forma de ejercer el poder marcada, entre otros rasgos, por el clientelismo. Hermano del exministro de Industria Miguel Sebastián, fue alto cargo del Ministerio de Economía entre 1983 y 1984 y el primer director de la fundación Fedea (1985-1988).

-Usted sostiene que la causa del estancamiento productivo de España viene de problemas institucionales. ¿Cuáles son?

-En primer lugar hay cierto grado de inseguridad jurídica: gran número de normas, confusas y en continuo cambio. El bajo cumplimiento de las normas por ciudadanos y empresas, pero también por la propia Administración, incrementa aún más esa inseguridad. La calidad de las Administraciones es deficiente, imponen una burocracia excesiva, actúan con falta de transparencia, incurriendo en sesgos en concursos y contrataciones, e incumplen a veces sus propias leyes. Hay además indefensión ante abusos y atropellos de otras empresas, particulares y de la propia Administración: impagos de facturas por parte de clientes, violación de derechos de propiedad y de derecho de marca por particulares, abusos impunes de bancos... Y no resulta posible pedir responsabilidades a funcionarios que aplican indebidamente leyes y perjudican a administrados. La ineficacia de la Justicia y la defectuosa supervisión no amparan contra los abusos.

-¿Falla la ley?

-Hay malas regulaciones en diversos sectores y aspectos de la vida económica: laborales, fiscales, energéticos, protección a monopolistas en varios sectores, deficiente protección de clientes bancarios, etc. Y en nuestra sociedad han arraigado valores y conductas adversos al emprendimiento y a la eficiencia. Todo parece indicar que en los últimos 25 años todas esas cosas que he citado han empeorado.

-¿De quién es la culpa?

-Todos esos problemas son en buena medida la consecuencia de la forma en cómo se ejerce el poder, sintetizada en tres elementos: ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, debilitando los mecanismos de equilibrio del poder y colonizando las administraciones públicas; tinte marcadamente clientelar de la acción política, y devaluación de las leyes.

-¿Cómo ha llegado España a convertirse en el estado clientelar que describe?

-El clientelismo está muy presente en la vida política española. En la Administración central, en donde encontramos regulaciones sesgadas que favorecen a unos pocos y casos de gestión pública también con importantes sesgos, y en las Administraciones territoriales, en donde los casos de adjudicaciones de contratos y de nombramientos públicos con tintes clientelares son relativamente frecuentes. También lo son, en ambos niveles de la Administración, la defensa por acción o por omisión de intereses corporativos, un forma de clientelismo. Ello ha sido posible por el debilitamiento de los mecanismos de compensación del poder, consecuencia de la ocupación partidista de muchas instituciones. Desde los altos órganos del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunales de Cuentas) a la colonización de las administraciones públicas, que ha eliminado el elemento compensatorio que en muchos países europeos ejercen los altos funcionarios.

-¿Cómo frena el clientelismo el desarrollo económico?

-Por un lado aleja de contratos y nombramientos públicos a agentes que pueden ser más eficientes. Por otro, la defensa de intereses oligopolistas excluye de la actividad económica a personas con capacidad de innovar y de reducir costes para el conjunto de la economía. Además, la defensa de intereses corporativos impide reformas (en educación, justicia, administraciones, servicios profesionales, etc.) que contribuirían a hacer el sistema más eficiente. También, en ocasiones, impone transferencias de renta de un conjunto amplio de ciudadanos a unas empresas determinadas. Y la sociedad no meritocrática, que alimenta el estado clientelar, desincentiva la formación de capital humano, crea un modelo de triunfador social muy alejado de la eficiencia y del esfuerzo, y perpetua unos valores contrarios al emprendimiento, que están muy arraigados en la sociedad española. Como valorar poco el desarrollo de la iniciativa propia y de la adquisición de conocimiento, como muestra la Encuesta Europea de Valores.

-Pierde el emprendedor...

-La situación limita poderosamente el campo de acción de los emprendedores y los desanima. La propia existencia de emprendedores en número suficiente está limitada por las prácticas clientelares y por los valores de un entorno alejado de la meritocracia. Hay malas regulaciones, como el maltrato fiscal y administrativo a los autónomos y a las pymes que empiezan, por ejemplo, que también inciden en contra.

-¿Son sólo responsables las elites políticas o hay un "pecado social"?

-Obviamente hay también una cierta responsabilidad colectiva. Tiene algo de circulo vicioso: los ciudadanos no sancionan electoralmente las prácticas clientelares y, en buena medida, tratan de acoplarse a ellas buscando su sitio en esa selva, y las elites, sin apenas resistencia, persisten en esa política, ampliando su base clientelar. Pero la ruptura de ese círculo vicioso es imposible sin que una parte relevante de las elites esté dispuesta al cambio.

-¿Detrás del clientelismo y la corrupción en España hay raíces culturales o es algo que resuelve una buena regulación?

-Hay, sobre todo, una tupida red de intereses que han acabado por generar determinadas conductas que se adaptan a esa situación, pues las personas tienen poco incentivos para actuar de otra forma. Sería necesario tener la firme voluntad política de romper y debilitar esa red. No es una cuestión de promulgar nuevas leyes. La idea de que la promulgación de una ley es la respuesta a ese tipo de problemas está muy arraigada en nuestro país, pero es errónea. Y no solo porque las leyes tienen baja calidad por la rapidez con la que se elaboran, sin analizar bien las causas de lo que se pretende cambiar ni los incentivos que la nueva norma va a generar. Es que, además, aunque fueran buenas, su nivel de cumplimiento es a veces bajo. También la aplicación de las sentencias dictadas por una justicia muy ineficiente es deficiente en España.

-¿La educación es el camino para propagar un cambio de valores?

-No hay ninguna garantía de que la educación por sí misma sea el camino para cambiar los valores. Si en la escuela, desde niños, se insistiera en valores que ahora son relativamente ajenos a nuestra sociedad, como el esfuerzo y la iniciativa creativa, la cooperación con otros, el respeto a las leyes, algo que sería altamente conveniente que se hiciera, si luego los jóvenes salen a un mundo real dominado por los valores propios del clientelismo, enseguida comprenderán que los valores aprendidos en la escuela no producen resultados adecuados y acabaran por abandonarlos.

-Usted señala sobre todo a los partidos mayoritarios como colonizadores de las instituciones y por ello causantes de su deterioro. ¿Ve soluciones en los partidos emergentes?

-Tenía esperanza de que así fuera. Pero dentro del ruido que está acompañando al actual proceso de investidura, hay cada vez menos referencias a la regeneración institucional, si exceptuamos la cuestión de la corrupción. No veo que se esté intentando alcanzar un acuerdo sobre una hoja de ruta para regenerar las instituciones y cambiar la forma de ejercer el poder. Es lógico que las urgencias sobre el empobrecimiento de una parte de la población dominen la discusión, pero las dos cuestiones no son incompatibles y se debían de plantear simultáneamente. Se corre el peligro de perder esta oportunidad para cambiar los factores que nos han hecho perder al mismo tiempo calidad democrática, inclusión social y eficiencia económica.

-¿Ve posible que se forme un gobierno que verdaderamente pueda abordar los cambios que, según su tesis, requiere el país? ¿Están los liderazgos políticos a la altura de ese desafío?

-Me temo que no lo están. No soy muy optimista sobre que se vaya a formar un gobierno con suficiente capacidad y voluntad reformista, pero espero equivocarme.

-Usted fue consejero de varias empresas, entre ellas Abengoa, ahora en crisis. ¿El problema ético que identifica en el el poder político se repite entre las élites empresariales y directivas?

-El ejercicio del poder con escasas cortapisas, presente en la clase política, existe también en muchas de las grandes empresas. Más cuando operan en sectores regulados o en actividades ligadas a los Presupuestos del Estado. La regulación y supervisión es insuficiente, por lo que el control exterior de las empresas para garantizar la limpieza frente a competidores, consumidores y pequeños accionistas es limitado. Y los evidentes fallos en el gobierno corporativo tampoco facilitan un control interior de las decisiones de los ejecutivos. Abengoa es un excelente proyecto tecnológico que incurrió en algún error estratégico. Dos consejeros los advertimos a finales de 2010 y acabamos por ser invitados a abandonar el consejo.

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