Hacienda pone la lupa sobre los propietarios de inmuebles urbanos en los mayores concejos asturianos. El llamado procedimiento de regularización catastral alcanzará durante los próximos meses a Oviedo, Gijón y Avilés, así como a Lena, según la programación que acaba de comunicar la Dirección General del Catastro. Como ya hizo en muchos otros lugares de Asturias, personal al servicio del citado organismo rastreará los cuatro concejos en busca de construcciones o parte de ellas que no hayan sido declaradas y por las que no se paga el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Los propietarios de las que sean descubiertas tendrán que pagar una tasa de 60 euros y los recibos del tributo que no hayan prescrito.
La regularización catastral forma parte de las medidas fiscales que el Gobierno central impulsó desde 2012 para reforzar a través del IBI la financiación de los ayuntamientos, con sus ingresos muy mermados tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. El Ministerio de Hacienda lo ha presentado además como una medida de lucha contra el fraude en la medida en que se trata de identificar edificaciones o mejoras realizadas en ellas que, al no haber sido comunicadas a la Administración, no están incluidas en las valoraciones catastrales y por tanto tampoco en la base imponible del IBI.
Por ley, los propietarios tienen la obligación de comunicar las mejoras y cambios de naturaleza estructural que puedan incrementar el valor catastral de sus inmuebles. Amparándose en esa obligación legal, poco conocida por los contribuyentes, el Catastro comenzó a realizar en 2013, a petición de los ayuntamientos, trabajos para localizar propiedades no declaradas mediante métodos como la inspección sobre el terreno o el uso de imágenes aéreas.
Tales operaciones ya se han realizado en 49 municipios asturianos. El turno es ahora para Oviedo, Gijón, Avilés y Lena, done, dentro de un plazo que comenzó a contar el pasado 23 de febrero y que concluirá en julio de 2017, personal de empresas especializadas contratadas por el Catastro peinará el terreno en busca de casas, naves, cocheras u otras edificaciones sin declarar o de ampliaciones y reformas de otras existentes que hayan incrementado el valor catastral, como la instalación de un porche o una piscina.
A ese trabajo de campo sigue después la notificación a los propietarios del resultado de las inspecciones y a renglón seguido un plazo de quince días para presentar alegaciones. Si el procedimiento de regularización constata la existencia de una construcción o una reforma estructural no declarada, el contribuyente tendrá que hacer frente a dos obligaciones económicas:
La tasa. Los propietarios deberán abonar una tasa de 60 euros por cada inmueble objeto de regularización.
El IBI. El ayuntamiento reclamará a los contribuyentes las cantidades de IBI pendientes y no prescritas (las correspondientes a los cuatro años anteriores), calculadas con el incremento del valor catastral que se haya detectado.
La carga fiscal del IBI ha aumentado en el conjunto de España durante los últimos años como consecuencia una combinación de medidas tributarias: un recargo aprobado por el Gobierno central en 2012 y que nació como provisional y se ha convertido en estable; las valoraciones catastrales promovidas por los ayuntamientos, junto a nuevos mecanismos de actualización exprés habilitados por Hacienda, y el procedimiento de regularización.
Oviedo, Gijón y Avilés están entre los municipios donde se realizaron en estos años ponencias para actualizar los valores catastrales. Y también están entre los concejos donde ha sido intenso el aumento de la presión del IBI. La factura total para los ovetenses aumentó el 29% entre 2011 y 2014; en Gijón lo hizo casi el 22% y en Avilés, el 23,2%.
