Los empresarios asturianos de concesionarios y talleres de coches dicen estar hartos de la competencia que les llega desde la economía sumergida y exigen que los ayuntamientos del Principado tomen de forma inmediata medidas para frenar dos tipos de negocios irregulares: la venta de coches de segunda mano en plena calle y los establecimiento de reparación ilegales, que con la crisis se han multiplicado.
Con ese ánimo, la patronal asturiana del sector, Aspa, está iniciando una ronda de reuniones con los consistorios de la región para intentar concienciarlos sobre la repercusión de estos problemas y proponerles una serie de medidas a adoptar. Lo hacen después de que la mayor parte de los esfuerzos para erradicar estas prácticas de economía sumergida hayan sido en balde. "El año pasado denunciamos y documentamos más de trescientos talleres ilegales, pero sólo conseguimos que se cerraran dos", protesta Rogelio Cuesta, presidente de la asociación empresarial.
El problema para la patronal es que, aunque documente muy bien la existencia de estos talleres ilegales, se topa con una maraña administrativa que hace casi imposible las sanciones. "Los ayuntamientos son los únicos que puede proponer y poner medidas en marcha para parar esto, tienen capacidad para controlar que este tipo de establecimientos disponen de todos los papeles en regla y cuentan con su licencia de apertura", asegura Cuesta. La patronal tiene recopilada una exhaustiva documentación sobre la actividad de los "chollistas" y se la está presentando a los ayuntamientos para que se pongan manos a la obra. "Tenemos fotos, la ubicación exacta de este tipo de establecimientos e, incluso, el horario al que abren", explica el presidente de Aspa. Y añade: "Es una competencia desleal descarada porque muchos están, incluso, en locales comerciales del centro de las ciudades".
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil es ahora el que se encarga de procesar toda esta información y proponer las sanciones, pero luego es difícil conseguir una orden judicial para inspeccionar los talleres. Especialmente si están en el garaje de una casa particular, como suele ocurrir.
Otra preocupación del sector es la venta de coches en plena calle. Según Cuesta, en la región hay auténticos "profesionales", personas que han hecho de esta actividad su forma de vida. Eso sí, eludiendo el pago de impuestos. Aspa quiere que los demás ayuntamientos sigan los pasos del de Llanera, que ha regulado este tipo de venta ambulante. En ese concejo, explica Cuesta, "quien quiera vender un coche en la vía pública tiene que pedir un permiso municipal, y no puede tener más de uno a la vez". Lo mismo se hace en otras ciudades españolas como Vitoria, donde quien se salte la normativa puede enfrentarse a una multa de 751 euros.
Aspa ha tenido un primer contacto con el Ayuntamiento de Avilés, donde los empresarios ven posibilidades de que se empiece a sancionar la venta ilegal de vehículos en la calle y a cerrar talleres ilegales. En las próximas semanas habrá encuentros con responsables de otros municipios.
Una vez finalizadas estas reuniones, explica Rogelio Cuesta, la patronal divulgará información de qué ayuntamientos colaboran para erradicar las citadas prácticas y cuáles no.
