La licitación de obra pública en Asturias ascendió entre enero y febrero de este año a algo más de 4,42 millones de euros, cantidad diez menor que la registrada en 2015 (44 millones) y la más baja hasta donde llegan las estadísticas. Ese resultado ha coincidido en una situación política marcada en la Administración central por las dificultades para formar Gobierno y, dentro de la región, por el desacuerdo presupuestario que ha obligado a prorrogar las cuentas de 2015.
La licitación de obra es un indicador que anticipa la actividad a corto y medio plazo de los contratistas, subsector que en otras épocas ha representado más de la mitad del negocio constructor en Asturias. Los datos del inicio de 2016 son extraordinariamente bajos: los 4,4 millones suponen poco más de la mitad de los 8,6 millones registrados en el mismo período de 2012, cuando se marcó el anterior mínimo histórico; la media de los últimos veinte años para esos mismos meses había sido de casi 79 millones.
"Estamos ante una especie de tormenta perfecta, con el Gobierno central sin constituir y problemas presupuestarios en el Principado", alerta Daniel García-Balbín, director general de la patronal de los constructores asturianos (CAC-Asprocon). El nuevo frenazo llega, añadió, después de que en 2015 mejorase algo la licitación coincidiendo con las elecciones generales y autonómicas.
Según el directivo, hay problemas también en obras que deberían estar en marcha y apenas avanzan. "Estamos haciendo mes a mes un seguimiento de proyectos adjudicadas en Asturias a finales de 2014 y principios de 2015, y resulta que en muchos casos se ha puesto la caseta y poco más", denuncia.
La "parálisis" de la obra pública sigue impactando en el empleo, asegura la patronal. El pasado enero, el sector perdió 227 empleos, según las afiliaciones a la Seguridad Social. "A este ritmo se pueden destruir tres mil puestos más este año", alertó García-Balbín. El repunte observado en la edificación de vivienda no logra detener la sangría laboral y los cierres empresariales después de ocho años de crisis, sostienen también las empresas.
