El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de exdirectivos, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron "el falseamiento y ocultación de cuentas" mediante la práctica de inflar los créditos y concederlos sin garantías de devolución.

El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados, entre otros, al propio Blesa por la comisión de presuntos delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.

La querella reproduce las conductas desarrolladas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido". Apunta a que la tasadora de inmuebles Tasaciones Madrid, valoraba las casa por encima de su precio para cubrir la práctica de conceder hipotecas por encima del cien por cien de su valor. Indica también que se concedían estos créditos a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o contratos de sólo uno o dos años de duración. En opinión del magistrado, estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo y, subsiguientemente, en "la acumulación de pérdidas para la entidad". El juez recuerda que Bankia, resultado de la fusión de Caja Madrid con otras cajas, recibió miles de millones en ayudas públicas.

La Fiscalía se había opuesto a la admisión de la querella alegando que la práctica de sobrevalorar las tasaciones "fue generalizada" y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado contrarias al derecho comunitario la ley Hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento Civil españolas por limitar el margen de maniobra del juez a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas de contratos de hipotecas.