El Banco Santander quiere meter tijera en sus sucursales más pequeñas, aquellas que tienen entre uno y tres empleados, y concentrar la actividad en las de mayor tamaño, haciéndolas aún más grandes. Ese plan puede traducirse a corto plazo en el cierre de 450 oficinas en España y la supresión de más de un millar de puestos de trabajo, según expuso esta semana la entidad que preside Ana Patricia Botín a los sindicatos en una reunión en Madrid. La red del Santander en Asturias está formada por 92 oficinas, entre ellas 42 sucursales que pueden estar en la cuerda floja, ya que son de pequeño tamaño y cumplen con el perfil para poder ser clausuradas, indicaron fuentes sindicales.

Horas después de que se hiciera público el ajuste del Santander, también el Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (CEISS), con tres oficinas en Asturias e integrado en el Grupo Unicaja, solicitó una reunión con los sindicatos para abordar una "reestructuración laboral", que se traducirá en despidos y cierres. La entidad justificó su decisión por los nuevos requerimientos de la Comisión Europea que, asegura, obligan a adoptar "medidas adicionales de eficiencia".

Los sindicatos temen un efecto en cadena en el sector. El negocio bancario ha ido descendiendo debido a la presión de los bajos tipos de interés y a la menor demanda de préstamos. Y el sector está en un proceso de transformación tecnológica, con una apuesta creciente por la banca por internet que requiere menor plantilla.

En el caso del Santander, el plan inicial pasa por integrar a los empleados afectados por los futuros cierres en otras sucursales y resolver con prejubilaciones el futuro de los trabajadores que no puedan ser recolocados. Aunque los sindicatos asturianos desconfían de que todo el ajuste laboral pueda hacerse mediante este sistema y temen medidas adicionales más contundentes. "Nuestra posición es la de negociar, pero que si hay algún ajuste queremos que sea voluntario", señaló el portavoz de CC OO en el Banco en Asturias, Sergio Pita.

El Banco global de raíz cántabra cuenta en Asturias con 413 trabajadores, después de haber absorbido a Banesto y Banif y el posterior recorte de plantilla y de oficinas que esa operación trajo consigo. En ese momento se ofrecieron bajas incentivadas con 50 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, y prejubilaciones para los trabajadores de más de 56 años con el 80% del salario. Unas condiciones que las centrales consideran buenas. Pero ahora temen que la situación pueda ser diferente. Francisco Menéndez, portavoz de UGT, confía en que el grueso del ajuste sobre el empleo se lleve a cabo en las oficinas centrales de Madrid y Barcelona, pero teme que en ciudades como Oviedo y Gijón también haya recortes relevantes de sucursales. En la capital asturiana hay 20 y en la ciudad costera, 19. Menéndez considera probable que con la reordenación que pretende aplicar la entidad el número se reduzca.