El incumplimiento por España en 2015 del compromiso de déficit público (cerró en 55.755 millones de euros, 10.373 millones más de lo pactado con Bruselas, aun sin contar el coste del rescate bancario) situará al futuro Gobierno en una posición de extrema debilidad ante los organismos europeos. En enero todos los partidos coincidieron en pedir a la Comisión Europea un nuevo aplazamiento para ajustar el descubierto presupuestario a las exigencias del Pacto de Estabilidad.

Bruselas tiene motivos para la desconfianza. España vuelve a ser uno de los dos países con mayor saldo negativo en sus cuentas públicas pese a que en 2015 se dieron circunstancias favorables excepcionales para cumplir: un Gobierno con mayoría absoluta, un crecimiento del PIB del 3,2% (el octavo mayor de la UE) con la ayuda de los vientos favorables del euro, el petróleo, el turismo y los tipos de interés en el 0%, y una reducción de los costes financieros de la deuda pública, pese a que ésta siguió al alza, gracias a las compras masivas de bonos por el Banco Central Europeo. Pese a ello, España redujo su déficit el año pasado en apenas 0,69 puntos de PIB (7.455 millones) cuando debiera haberlo recortado, según lo comprometido, en 1,59 puntos (17.180 millones).

Estos compromisos obligan a que en 2016 (y cuando los excepcionales factores de 2015 no parece que vayan a proseguir con la misma intensidad) el déficit se recorte en 2,36 puntos (25.500 millones) para pasar del 5,16% de descubierto en 2015 al exigido 2,8% en 2016. Esto supone un esfuerzo 3,4 veces mayor que el de 2015. Que el Gobierno negara entre octubre y el 11 de febrero que fuese a haber desviación en el déficit de 2015 y que desautorizara sucesivas veces a la Comisión Europea por haberlo dicho sitúa a España en posición de pérdida de confianza internacional y más cuando el incumplimiento del déficit ha sido incluso superior al que pronosticó Bruselas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusa a las autonomías. Pero las regiones tuvieron un déficit de 17.936 millones (menos de un tercio del total) frente a los 29.822 millones del Gobierno central y los 13.614 millones (en parte causados por los bajos salarios) de la Seguridad Social. El aparato central del Estado sumó así 43.436 millones. El deslizamiento se concentró en las regiones pero porque su margen lo decide unilateralmente Montoro.