Las grandes industrias españolas, entre ellas las factorías asturianas de Arcelor-Mittal, Alcoa y Asturiana de Zinc, han recibido en los últimos diez años de fondos públicos más de 5.000 millones de euros por el servicio de interrumpibilidad eléctrica a pesar de que no fue necesario utilizarlo en toda la década, según destacaron ayer responsables de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema energético.

La retribución a empresas a cambio de suspender el suministro energético en caso de necesidad en la red es considerado por las grandes empresas intensivas en consumo eléctrico como "insuficiente" para compensar el alto precio de la luz y para no perder competitividad con plantas de otros países. Empresas como Alcoa han amenazado con irse de Asturias por el resultado de las subastas de interrumpibilidad. Sin embargo es llamativo que en toda la última década Red Eléctrica no ha haya tenido necesidad de cortar el suministro a esas empresas ni una sola vez. Se ha pagado un mínimo de 500 millones al año (más de 5.000 en la década) por un servicio que no ha tenido que activarse. "En los diez últimos años no se ha aplicado, pero la interrumpibilidad es un mecanismo muy importante en situaciones críticas: es el último cartucho en el caso de emergencia para garantizar el suministro a los consumidores. Es como un seguro de incendios, por el que pagas aunque no se queme nada", dijo Miguel Duvison, director general de Operación de REE.

"La interrumpibilidad no puede considerarse por la UE como una ayuda de Estado al menos mientras que España no cuente con unas buenas interconexiones con el resto de Europa", advirtió poniéndose en el peor escenario para la industria José Folgado, presidente de REE y que hoy pasa a ser presidente no ejecutivo de la compañía (el consejero delegado, Juan Lasala, es el nuevo primer ejecutivo). Folgado reconoció que España "está situada en el tercio superior de Europa" en precio de la energía a la industria, pero afirmó que el Gobierno puso en marcha mecanismos "coherentes" como el de la interrumpibilidad. Sobre los cierres de plantas de Arcelor-Mittal en País Vasco, vinculados en parte al coste energético, Folgado apuntó que el precio de la electricidad "no se puede considerar como un factor de deslocalización" y destacó que el PIB de la industria en España creció en los últimos años.