La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, están apremiando a los ayuntamientos para que aborden unas revisiones catastrales que supondrán una bajada del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para miles de asturianos que poseen suelo urbanizable sin desarrollar.
Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014 supuso un sustancial cambio en la contribución que pagan los propietarios de suelos urbanizables pendientes de desarrollo -sin tener aprobados planes parciales o estudios de detalle-. Hasta entonces, los dueños abonaban por ellos el IBI urbano aunque no hubiera calles, aceras, luz o un edificio levantado, pero el alto tribunal dictaminó que eso no podía seguir así y obligó a aplicar el IBI rústico, mucho más barato, mientras esos terrenos siguieran en la misma situación.
La sentencia forzó, además, a modificar la Ley del Catastro Inmobiliario para volver a clasificar, con menor categoría a efectos fiscales, esos suelos urbanizables sin desarrollar. Sin embargo, son los concejos los que tienen que dar el primer paso y solicitar la revisión, sin esperar que los particulares lo reclamen previamente. Pero el ritmo no parece que vaya demasiado rápido. De hecho, la Dirección General del Catastro, a través de sus gerencias territoriales, ha remitido a todos los ayuntamientos un escrito en el que les apremia -recordándoles que es un deber legal- a identificar los suelos afectados para proceder, en adelante, a la aplicación del IBI rústico en detrimento del urbano, como se hace hasta ahora.
La Defensora del Pueblo
No solo el Ministerio de Hacienda ha solicitado a los ayuntamientos que informen al Catastro del terreno urbanizable sin edificar para proceder a una nueva valoración, sino que la Defensora del Pueblo se ha dirigido al Gobierno central para que adopte medidas con los municipios en los que no se haya podido realizar el procedimiento de revisión precisamente por la falta de transmisión de datos. Ante ello y "teniendo en cuenta la existencia de esta obligación legal", la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) acaba también de remitir una circular en la que recomienda a los ayuntamientos que se pongan en contacto con las gerencias territoriales del Catastro para impulsar la revisión de la clasificación de los suelos derivada de la sentencia del Tribunal Supremo.
En Asturias existen decenas de miles de hectáreas de suelo urbano sin edificar. Sin embargo, esto no significa que todas ellas puedan beneficiarse de la rebaja del IBI y pasar a tributar como una finca rústica, puesto que además de no haberse construido en ellas y no estar urbanizadas con sus calles y con sus servicios básicos (luz, agua, saneamiento...), tampoco deben tener aprobado ningún instrumento urbanístico.
Los afectados en la región
Pendientes de aprobación de planes de detalle están grandes bolsas de suelo en Asturias propiedad de miles de personas. Es el caso de Villamiana en Oviedo; Castiello y Granda en Gijón; La Lleda, El Pelame, Bustiello y Valparaíso en Avilés o Granda en Siero. También hay áreas en concejos como Llanes, Castrillón, Gozón, Valdés o Cangas del Narcea. Son terrenos con miles de propietarios que están pagando el IBI como si tuvieran suelo urbano listo para edificar.
La otra cara de la moneda son los ingresos que perderán los ayuntamientos asturianos por la rebaja del IBI. Un informe de la Abogacía del Estado cifraba en 4.500 millones de euros las pérdidas para las arcas locales en toda España, lo que representa un tercio de lo que recaudaron los municipios por este impuesto en 2014. El IBI es precisamente la principal fuente de ingresos de las corporaciones municipales, que durante los años de crisis han engordado su recaudación por este impuesto para compensar las pérdidas en otros como los vinculados a la construcción, que se desplomaron con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
