El reciente acuerdo de concertación entre el Gobierno asturiano y los agentes sociales incluye por primera vez medidas para contribuir a la lucha contra la economía sumergida, entre ellas la creación de un nuevo "canal para la denuncia" de actividades que se desarrollan al margen de las legislaciones tributaria y laboral o de las autorizaciones administrativas que depeden del Principado y de los ayuntamientos. A propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), el Ejecutivo regional se compromete también a promover la colaboración entre los distintos estamentos de la Administración concernidos por la lucha contra las distintas formas de fraude.
"La economía sumergida es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, perjudicando especialmente a los autónomos y a las pymes, incapaces de competir lealmente con quien incumple sistemáticamente las obligaciones fiscales, de Seguridad Social o los requisitos administrativos para prestar una actividad económica", se expone en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social firmado la pasada semana. A renglón seguido se enuncian de manera genérica cuatro líneas de actuación: fomentar "una mayor y mejor coordinación" entre administraciones en la lucha contra el fraude, lanzar campañas ciudadanas para "deslegitimar" las prácticas ilícitas, mejorar las regulaciones que puedan estar incentivándolas y abrir la nueva ventanilla de denuncia.
La incorporación de un capítulo dedicado a condenar y combatir la economía irregular se produce coincidiendo con una escalada en las quejas y denuncias de sectores como el turístico, la construcción o los talleres de coches. El director general de la FADE, Alberto González, remarcó ayer el ejemplo de lo ocurrido recientemente con las indagaciones llevadas a cabo por su cuenta por la patronal asturiana del automóvil Aspa, que identificó decenas de talleres ilegales, pero no consiguió su clausura por obstáculos administrativas. "Se está permitiendo una competencia desleal, dañando un sector y dando una imagen de impunidad absoluta", protestó González.
El acuerdo con los agentes sociales compremete al Principado a establecer mecanismos de cooperación con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, organismos encargados de combatir el fraude fiscal y laboral, y también con los municipios, competentes, como lo es también la Administración autonómica, en la concesión de autorizaciones para la actividad económica.
"Hay que facilitar la denuncia", añadió el directivo de la FADE. El Principado se compromete en el acuerdo social a poner en marcha en un plazo aún no determinado el nuevo "canal de denuncia", al que podrían acudir asociaciones empresariales, compañías particulares, autónomos y también los consumidores, según los criterios que defiende la patronal FADE. La información reunida por ese nuevo servicio sería remitida a continuación a los organismos competentes en cada caso.
La patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocon) ha alertado últimamente de una escalada de irregularidades (aumento del "chollismo", sustitución anómala de empleo asalariado por autónomo, inaplicación del convenio asturiano del sector por las empresas foráneas que actúan en la región...). Y la presión del sector turístico ha movido al Gobierno regional a preparar una regulación para poner orden en los arrendamientos de verano por particulares.
Según la más reciente tentativa de medir el tamaño de la economía sumergida en las regiones españolas, el valor de las actividades que escapan al control del Fisco y de la Seguridad Social equivalía en Asturias en 2012 al 26% del producto interior bruto (PIB). La región ocupa una posición intermedia dentro del país, según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.
