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Los investigados por cursos de UGT alegan que el Principado aprobó cada gasto

14.05.2016 | 05:38
Nuevas declaraciones. La administradora de Infastur y antigua integrante de la comisión ejecutiva del sindicato, Mónica Menéndez, que prestó ayer declaración durante casi dos horas ante la juez.

La defensa de las empresas Localmur e Infastur, vinculadas con UGT y a las que la Fiscalía ha puesto en el ojo del huracán por un presunto fraude con los cursos de formación del sindicato, aportaron ayer facturas de su relación con la Fundación IFES (también perteneciente al sindicato y gestora de la cursos) y estudios de mercado para justificar que los precios de arrendamientos de aulas que están bajo sospecha se ajustaban a la normalidad. Con ese material, los abogados confían en "desmontar" la tesis del fiscal de que se inflaron de forma artificial los costes de alquileres de locales con cargo a las subvenciones.

Los representantes de UGT presentaron una "ingente" cantidad de información, según sus propias palabras, durante la segunda fase de estas diligencias abiertas por el Juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, en la que declararon durante más de cuatro horas las dos administradoras de las citadas compañías, María Jesús Ocaña (de Localmur) y Mónica Menéndez Vázquez (de Infastur y antigua integrante de la comisión ejecutiva del sindicato).

Sus abogados negaron después que se hubiera producido ningún tipo de sobrecoste, además alegan que todos los gastos que se realizaban en los locales fueron aprobados en última instancia por la Administración regional, encargada de aprobar o denegar las subvenciones. Ése fue el argumento que utilizó María Jesús Ocaña, la administradora de Localmur, en su declaración ante la juez María Luisa Llaneza. Su letrado, José Manuel Ayala, se pronunció así tras la declaración: "Quedará claro que no ha habido ningún sobrecoste en el servicio que se prestaba a IFES (la fundación de UGT que se dedica en toda España a la organización de los cursos); se ha explicado claramente que lo que se pagaba por el alquiler de locales y por el servicio para equiparlos con mobiliario o servicios informáticos son cosas diferentes". La denuncia del fiscal Gabriel Bernal sostiene, tras una investigación previa de la Guardia Civil, que se hincharon facturas de alquiler de los locales donde se desarrollaban las clases en una cantidad total cercana a los 500.000 euros.

Localmur se encargó de la gestión de los gastos de alquiler y equipamiento posterior de cuatro locales (dos en Oviedo, uno en Gijón y otro en Navia) facturados entre 2010 y 2014 y que están incluidos en la denuncia del fiscal. En el caso de Infastur, las sospechas se centran en la administración de tres aulas (una en Piedras Blancas, otra en Gijón y una última en La Felguera) sobre las que no había gastos de arrendamiento, ya que habían sido cedidos a IFES por parte del sindicato o sociedades afines, aunque sí se facturaron costes de equipamiento.

Ayala resaltó, además, que "hemos aportado informes que demuestran que los servicios que se estaban prestando tenían un precio normal en el mercado. Son unos gastos que la Administración nunca ha cuestionado".

La misma tesis defendió Francisco Alonso, abogado de Mónica Menéndez, administradora de Infastur que fue miembro de la comisión ejecutiva de UGT y que tiene parentesco familiar con el exsecretario general de la central en Asturias Justo Rodríguez Braga. "Se han justificado todos los gastos aportando las facturas del equipamiento de los locales que habían sido homologados por el Principado, que era el que daba el visto bueno", aseguró Alonso, al término de la declaración de su cliente. Y expuso que "no es lo mismo tener un aula vacía que una con el equipamiento listo para presentar un servicio". "Nosotros hemos traído toda la documentación para justificar que se han adecuado todos esos locales", explica. El abogado de la Fundación IFES, Eliseo Mateos, aseguró que durante esta segunda jornada de declaraciones sobre el llamado caso de los cursos de formación "se aportó documentación que rebate todo lo que investiga el fiscal".

La larga duración de los interrogatorios obligó a aplazar la comparecencia de varios de los testigos. Sólo uno (un propietario de locales arrendados a Localmur) pudo comparecer ayer ante la juez. Las diligencias, que afectan tanto a IFES como a las sociedades ligadas a la propia fundación y a UGT, aunque no de forma directa a la central, continuarán el 7 de junio.

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