Ana López-Cancio, licenciada en Derecho nacida en Navarra pero hija de un avilesino y una ovetense, preside desde su fundación hace dos años la Asociación Nacional de Centros con Certificados de Profesionalidad (ANCCP), que tiene su sede en Oviedo y representa a 230 empresas del sector, doce de ellas asturianas. Este colectivo denuncia que el Estado les debe a las academias más de 40 millones de euros de los planes de inserción laboral de jóvenes y que muchas empresas están contra las cuerdas por falta de liquidez.
-¿Cómo se ha llegado a esa situación?
-El Servicio Estatal de Empleo aprobó en agosto de 2015 la concesión de 40 millones en subvenciones para los programas de cualificación e inserción profesional de jóvenes menores de 30 años, pero de ese dinero no ha desbloqueado ni el 25%, el correspondiente al anticipo, y el 50% de los fondos de 2014 están sin abonar. Además aún hay sin liquidar expedientes de 2012, alegando defectos de forma, nunca del cumplimiento de los objetivos de formación. Mientras tanto, las empresas tienen que seguir pagando salarios y seguros. En 2015 no hubo convocatoria y este año lleva tal retraso que, aun aprobándose hoy, los cursos no podrían impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, si se repiten las últimas cifras de participación de 2013 publicadas por el Servicio de Empleo Estatal.
-¿Peligran las empresas?
-Somos empresas privadas, pero no nos permiten obtener beneficios con estos programas, con lo que nuestra labor es social. Optamos a ellos porque nos permiten el sostenimiento de la plantillas tras estos años de crisis. Formamos con buenos programas de todo tipo de familias profesionales a la gente que necesita el Estado y luego este no nos paga. Somos los que enseñamos a un trabajador desde ponerse un arnés a realizar una transacción comercial internacional, formamos soldadores, conductores de ambulancias, jardineros, sumilleres?profesiones que facilitan la inserción laboral y el progreso profesional de los trabajadores, Pese a ello, el Estado nos impone unas condiciones leoninas, con inspecciones continuas.
-En la formación se han destapado muchos casos fraude?
-Eso nos ha perjudicado. No somos empresas corruptas, no hemos entrado en el juego del fraude, hacemos nuestra labor y luego el Estado nos deja sin cobrar, es él el que no cumple. Si no creen en la formación, al menos que no nos lleven a la quiebra a empresas que en su mayoría son familiares.
-¿Ya hubo cierres?
-Hay empresas que han cerrado, profesores que no cobran, empresas con tensiones de tesorería y personas que no se pueden jubilar. Están en serio peligro los 150.000 puestos de trabajo de las más de 8.000 empresas dedicadas a la formación.
-¿Y qué van a hacer?
-Nuestro abogado está preparando una reclamación ante la Unión Europea y estamos mandando cartas a todos los estamentos públicos, pero no obtenemos contestación.
-Con las últimas reformas legislativas se resta protagonismo a los sindicatos y asociaciones en la formación. ¿Están las empresas satisfechas?
-Lo que no se puede hacer es una ley de cara a la galería y luego no desarrollarla con reglamentos. Es una vergüenza que no se quiera coger el toro por los cuernos y todo quede en promesas.
